Los suizos votan contra un salario mínimo y la compra de aviones caza
Los temas concitan la atención ciudadana al registrarse una participación del 56%.
El ejercicio de la democracia directa en Suiza, único país del mundo donde se aplica este modelo político, determinó ayer que los trabajadores en este país seguirán sin tener derecho a un sueldo mínimo legal y bloqueó una importante compra para la renovación parcial de su flota aérea de combate.
Los suizos participaron ayer en un referéndum en el que se les preguntó sobre la instauración de un salario mínimo de 4.000 francos (3.470 euros) o 22 francos (18 euros) la hora, que rechazaron con el 76 por ciento de votos en contra.
También se opusieron, aunque por un margen muy estrecho -53,4 por ciento- a la adquisición de 22 aviones caza Gripen, de fabricación sueca, un gasto de 2.500 millones de euros para el cual el Parlamento helvético ya había dado su aval hace ocho meses.
Los temas sometidos a consulta popular concitaron en esta ocasión la atención de los ciudadanos, como lo demuestra que la tasa de participación (56 por ciento) haya sido una de las más elevadas en los últimos diez años.
Los suizos son convocados a las urnas cuatro veces al año para pronunciarse sobre las cuestiones más diversas, de alcance federal o cantonal.
Alivio
Tras conocerse los resultados definitivos, el ministro de Economía de Suiza, Johann Schneider-Ammann, se declaró aliviado por el rechazo a la iniciativa de un salario mínimo, que había sido impulsada por los sindicatos con el apoyo de partidos de izquierda.
Insistió en que la aceptación de una remuneración mínima hubiese llevado a la supresión de empleos, particularmente en las regiones periféricas, y defendió que «el trabajo es el mejor antídoto para la pobreza»
También es habitual en el sistema suizo que los ciudadanos decidan sobre cuestiones relacionadas con la defensa, como ocurrió ayer al votar contra la compra de los aviones Gripen.
Esto obligará a anular la operación pactada con Suecia y que tenía por finalidad reemplazar una flota de otro tipo de aviones de combate que, con treinta años de funcionamiento, son considerados obsoletos.
El Gobierno indicó que examinará, junto con el parlamento, las «soluciones de reemplazo» para cubrir las «lagunas de seguridad» que se han creado tras este resultado.