ESCÁNDALO EN BUENOS AIRES
El vicepresidente de Argentina, ante el juez por corrupción
Amado Boudou está acusado en la causa que investiga la compra de la empresa que imprime el papel moneda del país
Amadou Boudou, el pasado 1 de junio en El Salvador.
El vicepresidente de Argentina Amado Boudou, acusado de presuntos actos de corrupción, declara este lunes ante el juez Ariel Lijo en la causa que investiga la compra de Ciccone Calcográfica, la imprenta donde se imprime el papel moneda en este país. La presencia de la segunda autoridad del Gobierno argentino en el despacho de un magistrado es un hecho que no tiene precedentes en la historia de este país en su historia republicana.
Amante de las motocicletas y la guitarra eléctrica, símbolo, para algunos, y no solo para la oposición política, de una extrema frivolidad y disipación, Boudou no solo es investigado por su presunto interés para salvar de la quiebra a esa imprenta cuando era ministro de Economía (2009-2011), sino por su presunta participación en la compra de la misma.
El juez, en los fundamentos de su citación, considera que el vicepresidente, junto a (su socio y amigo) José María Nuñez Carmona, "habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica" a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele "con el fin último de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial".
Boudou deberá responder un extenso cuestionario con preguntas sobre supuestas reuniones con los exdueños de Ciccone, contratos de alquiler de su departamento, relaciones con amigos lejanos y cercanos, llamadas telefónicas de sus colaboradores y su papel, en el 2011, para salvar a la imprenta de sus deudas fiscales.
Otra causa por enriquecimiento ilegal
"Es probable que el 'caso Ciccone' sea solo la primera causa en la que Amado Boudou deberá declarar en condición de investigado", ha señalado Joaquín Morales Solá, columnista del diario 'La Nación'. El juez podría investigar también el tema de su supuesto enriquecimiento ilegal. "Fuentes judiciales irreprochables dijeron que Boudou está tan comprometido en una causa como en la otra, y que hay varias empresas que se cruzan entre los dos expedientes. El vicepresidente baila, así, en la cornisa del abismo institucional", subraya Morales. Según el columnista, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "decidió, increíblemente, proteger a Boudou, destituir al juez y trasladarle al periodismo independiente la culpa del escándalo".
El vicepresidente, que empezó en política con la derecha liberal a mediados de la década de los 90 y que, con el kirchnerismo, dio un giro completo de sus posiciones, ha asegurado ser el blanco de una campaña de linchamiento mediático a raíz de su participación en el proceso de nacionalización de los fondos de pensión. La medida, adoptada por el primer Gobierno de Fernández de Kirchner, en el 2009, afectó a importantes empresas, entre ellas a 'Clarín', el principal grupo mediático, que desde el 2012 encabezó las denuncias contra Boudou.
El vicepresidente, una figura impopular de acuerdo con las encuestas, ha prometido demostrar su inocencia ante Lijo. El llamado 'escándalo Ciccone' estalló apenas se inició el segundo mandato de KFK. La firma ha sido primero intervenida por el Gobierno y luego expropiada por el Congreso. Todavía no se sabe quiénes son los verdaderos dueños del misterioso fondo The Old Fund que adquirió en su momento la imprenta.
Crisis política
El 'caso Ciccone' se ha convertido en un problema de importantes proporciones para la presidenta Kirchner. Según Horacio Verbitsky, columnista de 'Página 12', una publicación afín al Gobierno, la mera citación de Boudou, sumada a la condena a la exministra de Economía Felisa Miceli y a los procesamientos de los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sometidos en la actualidad a juicio oral, "marca un momento sin precedentes en el país. La gravedad política de un eventual procesamiento del vicepresidente no puede ser exagerada".
Boudou ha afirmado que aunque sea procesado seguirá ejerciendo sus funciones, como sucede con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, procesado en una causa por escuchas ilegales.
Presiones a los jueces
"Si los astros no se desalinean a último momento, la Cámara Federal, Sala I, puede muy pronto anular las declaraciones que brindaron como testigos los integrantes de la familia Ciccone, ahora citados a indagatoria por el juez Ariel Lijo", ha aventurado el diario 'Clarín' sobre el 'caso Boudou'. Los jueces de esa cámara, denuncia el rotativo, "habían estado ya en el centro de las presiones de operadores del Gobierno para desplazar al juez Lijo de la causa. Habrían existido desde ofertas fabulosas --se habló de medio millón de euros-- hasta veladas amenazas sobre el futuro profesional de esos jueces, ejercidas por tres abogados del Ministerio de Justicia".
Ricardo Lorenzetti, el presidente del Tribunal Supremo, dijo días atrás que los jueces deben ser firmes en sus convicciones cualquiera sea el contexto, que nadie puede estar por encima de la ley y que el Poder Judicial debe ser independiente. "Este funcionamiento institucional nunca se había conocido antes en la Argentina y merece ser destacado, cualquiera sea el desenlace. En la Argentina del siglo XXI es posible investigar al más alto funcionario antes del ocaso de su poder", señala Verbitsky.