La petición de un fiscal de imputar a la presidenta sacude al Gobierno argentino
Le acusa de un presunto delito de encubrimiento en relación con el caso Nisman.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, en un acto en la Casa Rosada.
El Gobierno argentino se vio ayer de nuevo sacudido por el caso Nisman, al solicitar un fiscal la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, por el presunto delito de encubrimiento y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller argentino, Héctor Timerman, y a varios dirigentes oficialistas a partir de la denuncia presentada por Alberto Nisman cuatro días antes de fallecer en circunstancias aún sin aclarar.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía Amia, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque.
Tras la presentación, el juez Daniel Rafecas canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18 de febrero, cuatro días antes de lo previsto, según difundió ayer el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado», según la documentación difundida ayer en la página web de la Fiscalía argentina. El fiscal también considera que las acciones del Gobierno «podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La petición de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge ‘Yussuf’ Khalil, al militante Fernando Esteche, al ex fiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado entre Buenos Aires y Teherán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las órdenes de búsqueda con marca roja emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.
Según señala Pollicita en el escrito remitido al juez Rafecas, «para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias» al documento.
El fiscal remarca en su dictamen que «corresponde dar inicio a una investigación» que permita dilucidar si, efectivamente, los delitos denunciados ocurrieron y «resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda».