Los diputados franceses legalizan la labor de sus servicios secretos
La polémica ley de vigilancia cosecha un respaldo abrumador antes de ir al Senado y al Constitucional.
Los diputados franceses aprobaron ayer la polémica ley de los servicios secretos que legaliza las actividades hasta ahora clandestinas de los agentes de inteligencia y autoriza sin apenas control judicial las escuchas, los pinchazos y el espionaje en tiempo real de todo tipo de comunicaciones, incluido Internet. El texto, que será debatido a partir de finales de mes en el Senado, va a ser sometido antes de su promulgación al Tribunal Constitucional por el propio presidente socialista, François Hollande, y un grupo de 75 parlamentarios que critican la recogida masiva de datos y la insuficiencia de las garantías al respeto de la vida privada.
El proyecto obtuvo en primera lectura un abrumador respaldo de la Asamblea Nacional ya que votaron a favor 438 diputados, 86 lo hicieron en contra y 42 se abstuvieron. Los votos negativos procedieron de las bancadas de la izquierda radical, ecologista y ultraderechista así como de algunos socialistas, conservadores y centristas disidentes.
El primer ministro, Manuel Valls, se congratuló de la amplia mayoría cosechada por un texto «útil, eficaz y esperado por los franceses» que «preserva nuestras libertades fundamentales» y da más medios a los servicios de información «frente a la amenaza terrorista así como en la lucha contra la gran criminalidad y el espionaje económico». El jefe del Gobierno socialista subrayó que Francia no había legislado sobre la materia desde una ley sobre las escuchas adoptada en 1991 «cuando no había teléfono móvil ni Internet».
La Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos, órgano independiente bajo la tutela del primer ministro, ha alertado del riesgo de una «vigilancia masiva» en sintonía con las reservas emitidas por el Defensor del Pueblo, sindicatos de magistrados, colegios de abogados, organizaciones de periodistas y otros colectivos movilizados contra lo que consideran aspectos liberticidas y poderes excesivos concedidos a los servicios secretos. A su juicio, el texto legaliza «la posibilidad de una colecta sistemática, generalizada e indiferenciada de los datos de conexión» a las redes telefónicas y electrónicas además de autorizar la instalación de programas espía.