La revisión constitucional en Francia da sus primeros pasos
Hollande anunció la reforma sólo tres días después de los atentados de noviembre en París.
Hollande y el primer ministro, Manuel Valls. CHRISTOPHE PETIT TESSON
Enrique Rubio | París
La polémica reforma que el presidente francés, François Hollande, quiere introducir en la Constitución comenzó ayer con éxito su espinoso trámite parlamentario, cuya aprobación final no está todavía ni mucho menos asegurada.
La llamada Ley de protección de la nación, que enmendará dos artículos de la Carta Magna, recibió el apoyo de 317 diputados y el rechazo de 199, además de 51 abstenciones, en su paso en primera lectura por la Asamblea Nacional (cámara baja, con 577 escaños).
Este resultado supone una mayoría ligeramente superior a las tres quintas partes que serán necesarias para que la revisión constitucional llegue a buen puerto, pero todavía le espera un largo camino por el Parlamento antes de ver la luz.
La reforma fue adelantada por Hollande solo tres días después de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, y ha provocado grandes grietas en sus propias filas socialistas y también en las de la oposición conservadora.
La controvertida ley se compone tan solo de dos puntos: el primero se sumará al artículo 36 de la Carta Magna para introducir en ella de forma expresa el estado de emergencia, actualmente en vigor y en proceso de ser prorrogado tres meses. Existe un relativo consenso en este punto, como se pudo apreciar al ser votado por separado el pasado lunes, cuando fue aprobado por 103 apoyos contra 26 rechazos. Sin embargo, el gran escollo con que se encuentra la iniciativa de Hollande (férreamente defendida por su primer ministro, Manuel Valls) llega con su propuesta de despojar de la nacionalidad francesa a aquellos condenados por delitos graves contra la nación.
Batalla encarnizada
Tal como está redactado el proyecto, el artículo 34 de la Carta Magna será enmendado para determinar que «la ley fija las reglas (...) de las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación». Aquí, la batalla promete ser encarnizada. Tanto, que Valls no ha dudado en usar un lenguaje casi bélico contra quienes pretendan hacer fracasar la reforma.
Pese a la pírrica victoria de ayer, las filas socialistas quedaron hechas jirones: solo 165 de los 287 miembros de su grupo parlamentario apoyaron el proyecto de ley. Otro tanto sucedió entre Los Republicanos liderados por el conservador Nicolas Sarkozy, quien, pese a su hostilidad hacia Hollande, respalda la reforma y ha alertado de que «se nos pedirán cuentas a todos».