Condenan en Chile a siete exagentes por el homicidio de un estudiante de Periodismo

Un juez chileno condenó hoy a siete antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet a diversas penas de prisión por el secuestro y homicidio, en 1975, del estudiante de Periodismo José Hernán Carrasco Vásquez, informaron hoy fuentes judiciales. Carrasco Vásquez, de 27 años, fue secuestrado en septiembre de 1975 por agentes de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) y su cadáver encontrado en diciembre de ese año en un paraje rural en las afueras de Santiago, según los datos del expediente.

En ese contexto, el juez especial Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó al brigadier Pedro Espinoza Bravo y al coronel Rolf Wenderoth Pozo a tres años de prisión por el delito de secuestro simple y a otros quince años y un día como autores del homicidio calificado de la víctima. Sentenció además a 18 años de prisión como autores de homicidio al general retirado Raúl Iturriaga Neumann y al brigadier Gerardo Urrich González, y a cinco años y un día, como cómplices del mismo delito, a Adelina Ortega Sáez, Fátima Muñoz Gatica y María Alicia Uribe Gómez.

Esta última era una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que combatió contra la dictadura, y quien tras ser capturada se convirtió en colaboradora de la DINA y en funcionaria de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINA). Carrasco era también militante del MIR y fue detenido por la DINA a fines de 1974, siendo torturado durante varias semanas.

En febrero de 1975 apareció junto a otros tres miembros del MIR en una supuesta conferencia de prensa montada por la DINA, en la que los cuatro llamaron a sus compañeros a deponer la lucha contra Pinochet. Después siguió detenido en centros de tortura de la DINA y fue liberado en septiembre de 1975, pero el 20 de noviembre fue secuestrado por agentes de ese ente represor; tras algunos días de tortura, el 1 de diciembre su cadáver fue abandonado en las cercanías de la localidad de Buin, al sur de Santiago, con huellas de tortura. A su lado estaba el cadáver de Humberto Menanteau Aceituno, otro de los miembros del MIR utilizados en el supuesto llamamiento a la rendición del grupo.

La DINA hizo circular además un supuesto comunicado del MIR en que condenaba a muerte a esos jóvenes y tras el hallazgo de los cadáveres, las familias de las víctimas recibieron una misiva en la que se les comunicaba que habían sido ajusticiados por traición a la clase obrera. La investigación judicial demostró que la supuesta declaración del MIR y la misiva comunicando el ajusticiamiento eran falsas y que los jóvenes fueron asesinados porque la DINA detectó que, al salir libres, trataron de proseguir en la lucha de resistencia contra la dictadura. Los crímenes "fueron actos punibles ejecutados por agentes del Estado, en el contexto de una persecución sistemática contra la población civil por razones políticas", señala la sentencia del juez Llanos.

También en 1991 la Comisión Rettig, que certificó los crímenes de la dictadura, estableció que la muerte de José Hernán Carrasco y Humberto Menanteau se enmarcó en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En ese período, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.