Cannes sanciona a tres mujeres por llevar 'burkini'

Lejos de apaciguarse, la polémica en torno al 'burkini' en Francia continúa en primera plana. Tres mujeres han sido multadas por llevar el bañador islámico en las playas de Cannes. El 25 de julio, el alcalde de la ciudad costera, David Lisnard, miembro del partido conservador Republicano prohibió, a través de una ordenanza municipal, cualquier vestimenta religiosa en las playas de la ciudad. Se convertía así en el primer abanderado de la lucha contra el 'burkini'.

El polémico veto, recurrido por el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) y tres particulares, fue respaldado el pasado día 13 de agosto por el Tribunal Administrativo de Niza. La justicia considera que el decreto respeta “las disposiciones del artículo primero de la Constitución”: Francia es una república laica y, por lo tanto, se “prohíbe a cualquier persona hacer prevalecer sus creencias religiosas sobre el respeto de las reglas comunes que rigen las relaciones entre colectividades públicas y particulares”.

Desde entonces, según el diario 'Nice Matin', los controles contra la prenda se han multiplicado: además de las tres multas, seis mujeres que se bañaban “demasiado cubiertas” fueron invitadas a abandonar la playa.

LAICISMO

“Una vestimenta que manifiesta de manera ostentosa una pertenencia religiosa, cuando Francia y sus lugares de culto religioso son actualmente objetivo de ataques terroristas, puede provocar problemas de orden público que debemos prevenir”. Con esta declaración de principios y recordando la laicidad del Estado, el ayuntamiento de Cannes vedó el “acceso a las playas” a toda persona “que no porte una vestimenta correcta, respectando la moral y el laicismo, las normas de higiene y de seguridad”. Así, acudir a las playas de Cannes con 'burkini' constituye una infracción penada con 38 euros de multa.

El decreto de Cannes ha sido imitado a pies juntillas por la localidad deVilleneuve-Loubet, también en la Costa Azul, y recientemente por la localidad corsa de Sisco, tras los enfrentamientos acaecidos este fin de semana. La defensa de la laicidad o el peligro del 'burkini' para el orden público, son los dos pilares que sustentan la prohibición del polémico bañador.

Sin embargo, algunos se han atrevido, incluso, a tachar la prenda de “fundamentalista”. El director general de Servicios de la Ciudad de Cannes, Thierry Migoule, defendía el veto asegurando que se trata de “vestimentas ostentosas que hacen referencia a la lealtad a movimientos terroristas que nos han declarado la guerra”.

CONVIVENCIA

Mientras François Hollande y Manuel Valls guardan silencio frente a la controversia, la ministra de Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, ha acusado al 'burkini' de servir a “una visión profundamente arcaica del lugar de la mujer en la sociedad”. La primera reacción en el seno del Ejecutivo apuesta por un combate contra el 'burkini' “sin segundas intenciones”, evitando convertir el islam en un objeto de campaña política como hace “la extrema derecha”.

Entrevistada el martes 15 de agosto en Europa 1, Rossignol aseguraba que “no se trata únicamente de un nuevo tipo de bañador”, sino de “un proyecto de sociedad”. La ministra ha preferido no pronunciarse respecto a los vetos locales de la prenda, apuntando que para “abordar estos temas de prohibiciones de vestimenta (…) es necesario tener en mente que no conciernen a los ‘musulmanes’” sino “a una fracción política organizada que quiere desarrollar un proyecto de sociedad”.

No es la primera vez que Francia se enfrenta a una controversia relacionada con prendas de carácter religioso. En 2011, el Estado galo prohibió cualquier “vestimenta que disimule el rostro y por lo tanto haga imposible la identificación de la persona”. Bajo esta normativa, cualquier mujer vestida con el 'niqab' o el 'burka' en los espacios públicos se enfrenta, en Francia, a una multa de 150 euros. Una ley respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera que “la cara juega un rol importante en la interacción social” y llevarla tapada en los lugares públicos puede ser una “amenaza para la convivencia”.