Regiones y cooperación, factores clave para consolidar la paz en Colombia

Los acuerdos de paz que hoy anuncian el Gobierno y las FARC tendrán en las regiones y en la cooperación internacional dos factores clave para su consolidación, ya que la ejecución de los planes para recuperar las zonas afectadas por el conflicto dependerá en gran medida del apoyo externo.

La paz deberá traducirse en beneficios tangibles para los territorios, como infraestructura, más presencia estatal, desminado y desarrollo rural, y en la oportunidad de retornar a la vida civil para miles de combatientes. Para la comunidad internacional será la oportunidad de arropar el fin del conflicto de más de cinco décadas.

"El campo se ha venido retrasando por falta de inversión, por falta de presencia del Estado. Y eso es lo que queremos corregir", admitió el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante una visita que hizo en julio pasado a la población de El Retorno, en el departamento de El Guaviare (sureste).

Santos apuntó que "con o sin FARC" el campo de Colombia, un país con una población predominantemente urbana, necesita "más carreteras, más inversión en bienes públicos, más colegios, más hospitales, más proyectos productivos y más acceso de la tierra a los campesinos".

Las proyecciones sobre los costos del posconflicto o posacuerdo hablan de entre 80 y 90 billones de pesos (entre 27.365 y 31.000 millones de dólares de hoy) en la próxima década, lo que, según el centro de investigación Fedesarrollo, "implicaría algo más de 1 % del PIB por año".

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó en los últimos días que Colombia aumentará en 6,4 %, hasta los 12 billones de pesos (unos 4.111 millones de dólares) los recursos que destinará en el presupuesto general de 2017 para la atención integral de las víctimas en el posconflicto.

Pero en una economía que debió apretarse hasta donde aguantaba el cinturón debido al estrepitoso derrumbe de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de divisas del país, las cuentas para poner en ejecución los acuerdos de paz requerirán de una generosa cooperación.

La comunidad internacional ha respondido diligentemente a los pedidos de Colombia.

Así el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en medio de la campaña para elegir a su sucesor un paquete de 450 millones de dólares para el denominado plan Paz Colombia de cara al posconflicto, en sustitución de la estrategia militar y antidrogas Plan Colombia.

La Unión Europea ha prometido, por su parte, 575 millones de euros (unos 655 millones de dólares) para el posconflicto, mientras el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF destinará 1.500 millones de dólares en los próximos dos años.

Y aunque los ofrecimientos son, sin duda alguna, generosos y bien recibidos aún no se conoce un cálculo oficial de la bolsa global de recursos que requerirá el país para la paz.

"No hay paz sin respuesta social ni equidad social, no hay paz sin justicia social", dijo al respecto a Efe Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto y donde han operan las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas criminales y de delincuencia común.

Alvarado consideró, a propósito de las negociaciones, que "la paz y el plebiscito y todo este esfuerzo" debe "dar respuesta a esas necesidades ancestrales que están enquistadas" en los territorios.

A la urgencia de infraestructura y atención social a las regiones se suma otro aspecto no menos importante y es el desminado de amplias zonas de un país donde estos explosivos han causado en los últimos 26 años al menos 11.408 víctimas, de ellas 2.255 muertos.

Colombia es el segundo país más minado del mundo, y también el segundo en número de víctimas, superado solo por Afganistán. Según el general en retiro de la Policía Óscar Naranjo, uno de los negociadores de paz del Gobierno con las FARC, en 688 de los 1.101 municipios colombianos, es decir el 62,5 %, hay minas antipersona.

La situación adquiere una connotación dramática si se considera que es imposible precisar la cantidad de minas sembradas en una geografía agreste como la colombiana y, por ende, determinar el costo global de retirar estos explosivos.

La Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) estima que el coste de desminar un metro cuadrado ronda los 1.000 dólares, un precio altísimo en comparación con los 1,20 dólares que cuesta fabricar uno de estos artefactos.

Una Colombia en paz es definitivamente una conquista para este país azotado por 52 años de guerra, pero materializar ese anhelo, más que un camino de rosas, presagia una carrera de obstáculos que requerirá millonarias inversiones.