El Congreso de EEUU intentará anular el veto de Obama a la ley para demandar a Arabia Saudí por el 11-S

Esta vez Estados Unidos no libra una guerra por el 11-S en el exterior, sino en casa. El viernes, el presidente, Barack Obama, vetó una ley que abre la puerta a demandar a Arabia Saudí por supuestas vinculaciones a los atentados del 2001, en los que 15 de los 19 terroristas eran saudís. La del presidente, no obstante, puede no ser la última palabra y el Congreso, que puede anular ese veto si lo deciden dos terceras partes de sus miembros, se prepara para intentarlo “tan pronto como sea practicable”, lo que podría ser esta misma semana. Y está servido un duelo intensamente emocional y de resultado incierto entre la Casa Blanca y Capitol Hill.

La Ley de Justicia contra patrocinadores de Terrorismo lleva tiempo siendo un elemento contencioso en Washington. Esponsorizada tanto por demócratas como por republicanos, recibió luz verde con amplio respaldo bipartidista en el Senado en mayo en una votación de viva voz. En la Cámara Baja sucedió lo mismo, y con el mismo método, el 9 de septiembre, dos días antes del 15 aniversario de los atentados. 

Se trata de una norma que reclaman desde hace tiempo los familiares de víctimas, que sospechan que miembros del gobierno saudí pudieron ayudar financieramente a los terroristas. Esa colaboración saudí no se ha probado en las investigaciones estadounidenses del 11-S, incluyendo en una del Congreso del 2002 de la que hace solo unos meses, y también tras largas y polémicas discusiones y pese a la oposición de la Casa Blanca, se desclasificaron 28 páginas. 

PELIGRO PARA LOS "INTERESES NACIONALES"

Obama ha argumentado su veto a la ley asegurando que "pone en peligro los intereses nacionales de EEUU" y tiene el potencial de abrir las compuertas a demandas en otros países contra EEUU. Su idea es que si se elimina la inmunidad soberana en tribunales estadounidenses a gobiernos extranjeros se estará minando un principio de reciprocidad que ahora protege a EEUU de demandas similares en el exterior. 

“Podría haber demandas contra EEUU o cargos estadounidenses por acciones cometidas por un grupo armado que ha recibido asistencia de EEUU, por mal uso de equipamiento militar estadounidense que hagan fuerzas extranjeras o por abusos cometidos por unidades de policía que han recibido entrenamiento estadounidense, incluso si las acusaciones en cuestión no tuvieran mérito”, escribió el viernes en el mensaje que acompañaba a la devolución al Congreso de la ley vetada. En ese mensaje Obama alertó también de que si EEUU perdiera en esos juicios podría haber “potenciales consecuencias financieras graves para EEUU”. 

Obama también admite que la ley tensaría las relaciones con Arabia Saudí, un aliado clave tanto para contener a Irán como para la lucha en la región contra el terrorismo islámico. Arabia Saudí se ha gastado tres millones de dólares solo este año en lobi en Washington, donde esta misma semana el Senado ha apoyado una venta de armas por valor de 1.150 millones de dólares. 

El consenso apunta a que en el Congreso se podría alcanzar la mayoría de dos tercios que, por primera vez en la presidencia de Obama, lograría anular uno de sus vetos (ha firmado nueve). Pero la Casa Blanca y el propio presidente están haciendo desde hace semanas una intensa campaña de lobi a los congresistas y nadie descarta sorpresas. 

El veto ha entrado, además, en la campaña. La candidata demócrata, Hillary Clinton, que era senadora por Nueva York cuando se produjeron los atentados, ha dicho que ella sí estamparía su firma en la ley. Lo mismo ha asegurado el neoyorquino candidato republicano, Donald Trump, que ha definido de "vergonzoso" el veto de Obama.