Un expolicía condenado por asesinato, nuevo presidente del Tribunal Supremo de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se encuentra otra vez en el ojo de la interminable tormenta política venezolana. El TSJ resolvió que el vicepresidente del Ejecutivo, Tareck El Aissami, y los ministros del Gabinete de Nicolás Maduro presenten el balance de su gestión en el 2016 ante esa instancia judicial y no en el Congreso porque se encuentra en “desacato” y “todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales”. La medida se conoce justo cuando es puesto en funciones como presidente de ese tribunal Maikel José Moreno Pérez, expolicía condenado en su día por asesinato y uno de los jueces más controvertidos del país.

“Demás está decir que este TSJ con mi dirección en frente de este alto tribunal vamos a unirnos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción a la impunidad”, dijo Moreno Pérez. “Como todo es sabido, este es un espacio para el diálogo entre los diversos sectores del país. Cuenten con esta casa de la justicia para el diálogo, para la fraternidad para el amor y para el paz de este país”, añadió.

La oposición no se demoró en exhibir antiguos antecedentes penales que incluyen un asesinato. “Si alguien sabe de mafia es el nuevo presidente del TSJ. La justicia en Venezuela sigue suspendida, sigue de vacaciones”, dijo Carlos Vecchio, de Voluntad Popular. Lester Toledo, que pertenece a esa misma agrupación que integra la Mesa de Unidad Democrática (MUD), consideró escandalosa su designación. Toledo calificó al presidente del TSJ de “reconocido violador de derechos humanos, un verdugo de la justicia, corrupto con antecedentes penales y de dudosa carrera en el sistema judicial venezolano”. Y añadió: “Hombres como Moreno tienen que pagar en su tierra todo el mal que han hecho”. Toledo acaba de adquirir la nacionalidad española. El dirigente abandonó Venezuela después de que las autoridades lo vincularan con actividades de financiación del “terrorismo”.

CONDENA A LEOPOLDO LÓPEZ

Moreno López es el magistrado que ratificó la condena a 14 años de presión de Leopoldo López, el dirigente opositor acusado de haber participado de las protestas contra Maduro en febrero del 2014. Durante esos días de enfrentamientos fallecieron 41 personas.

Antes de ser juez, Moreno López fue oficial de la policía política venezolana que se transformó bajo el chavismo en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Treinta años atrás lo acusaron del asesinato de una mujer en el Estado de Bolívar por el que purgó dos años de prisión. Tras abandonar la cárcel se reincorporó a las fuerzas de seguridad. Su nombre volvió a ser relacionado con otro crimen,  en 1989. Si bien no pudieron probar su responsabilidad, fue separado de su puesto.

Moreno López no caería en el olvido. Convertido en abogado y doctorado en Derecho Constitucional, inició una nueva vida, primero como diplomático de segunda línea, luego dentro de las estructuras judiciales. El TSJ es su última y sorprendente escala. El nombramiento tiene lugar en unos momentos en que el principal tribunal ha considerado “nulas” todas las decisiones de un Parlamento controlado por los adversarios de Maduro.

DENUNCIAS DE PARCIALIDAD

Las denuncias de parcialidad del TSJ se han convertido en recurrentes por parte de los referentes de la MUD. Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de su Sala Electoral, predijo un 2017 durante el cual “la conciencia y el espíritu de lucha de las amplias mayorías populares que integran la nación impondrán su voluntad para que reine la paz”. Moreno López llega al tribunal en unos momentos en que Donald Trump reconoce que Venezuela será un tema importante de su agenda internacional y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, redobla sus presiones para pedir “elecciones ya” en Venezuela. Almagro consideró que “buscar salidas dentro de la Constitución será una trampa”, entre otras cosas porque “llegarán al Tribunal Supremo y serán rechazadas”.