La masacre de Las Vegas reaviva el polarizado debate sobre las armas en EEUU

Cada día en Estados Unidos una media de 93 personas mueren por disparos. La gran mayoría de esos casos (62%) son suicidios, pero unas 12.000 de las 33.000 muertes anuales por armas de fuego son homicidios. A diario caen por las balas siete niños y adolescentes, 19 hombres y chicos negros y entre una y dos mujeres asesinadas por sus parejas. Por cada muerto hay una media de dos heridos.

 Entre estas demoledoras cifras, las víctimas mortales de tiroteos masivos representan un 1,5% del total, poco más del 4% de los homicidios. Pero es cuando se producen estas tragedias, como la del domingo 1 de octubre en Las Vegas, con 59 fallecidos y casi 500 heridos, cuando se reaviva en EEUU un debate, polarizado en lo social y aparentemente irresoluble en lo político: cómo abordar el equilibrio entre los derechos que garantiza la segunda enmienda, las costumbres de un país donde el 42% de la población vive en una casa con una o varias armas de fuego y la necesidad de frenar la sangría. EEUU multiplica por 25 la tasa de homicidios por disparos respecto a la media de las otras naciones desarrolladas.

 'Bump stock', accesorio legal

Esta vez las acciones de Stephen Paddock, el hombre que movido por causas aún desconocidas abrió fuego desde una habitación del Mandalay Bay contra los 22.000 asistentes a un concierto de 'country', han puesto buena parte del foco en el 'bump stock', un accesorio legal que se puede adquirir por menos de 100 dólares y que transforma la culata y el gatillo, permitiendo que rifles semiautomáticos disparen con la ametralladora intensidad de armas automáticas, las únicas fuertemente reguladas para la población civil en EEUU.

Se han lanzado varias iniciativas en el Congreso, tanto de demócratas como de republicanos, para estudiar su ilegalización y hasta la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) ha roto el tradicional silencio con que suele responder a las masacres para abogar porque esos dispositivos sean "sujetos a regulaciones adicionales".

 El gesto de la NRA es inusual, pero también sibilino. Su comunicado del jueves no pide la acción del Congreso, sino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que en 2010, con Barack Obama en la presidencia, legalizó esas culatas. Y en el mismo texto, la NRA refuerza una de sus últimas campañas: intentar que las Cámaras aprueben leyes para que el permiso de portar armas ocultas tenga vigor en todos los estados y no solo en el que se emite.

Trump, aliado de la NRA

Nada ha cambiado, realmente, en la NRA, un grupo famoso por su lobi (aunque su gasto palidece al lado del de las grandes corporaciones), sobre todo efectivo en la organización y movilización de sus cinco millones de miembros y que ha encontrado un potente aliado en Donald Trump.

Como candidato, Trump jugó la carta de las armas como parte de una guerra cultural, se benefició de los cerca de 50 millones de dólares que la NRA inyectó en la campaña y, al llegar a la Casa Blanca, ha mantenido y reforzado ese lazo. En abril, como primer presidente desde Ronald Reagan que acudía a la reunión anual del grupo, dejó clara su posición: "Estuvisteis ahí con fuerza para mí y yo voy a estar ahí para vosotros", dijo. "Los ocho años de asalto a vuestras libertades de la segunda enmienda han llegado a un estrepitoso final".

Sus acciones hablan más que sus palabras. El mismo día de su toma de posesión, el número 2 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Donald Turk, presentó un documento de 11 páginas instando a estudiar "opciones para reducir o modificar regulaciones de armas de fuego". El 28 de febrero Trump firmaba, sin darle publicidad, una ley que anulaba un esfuerzo iniciado por George Bush tras la matanza de Virginia Tech en 2007 y reforzado por Obama para que el sistema de la Seguridad Social compartiera la información de gente mentalmente incapacitada para gestionar sus propias finanzas con el Sistema Nacional de Chequeo Instantáneo de Antecedentes Criminales, la base de datos creada hace 19 años que se consulta antes de algunas ventas de armas.

Su Administración, además, ha dado más pasos hacia la desregulación. El Departamento de Justicia, por ejemplo, ha redefinido el concepto de fugitivo, el de Interior ha levantado el veto a la munición de plomo en sus parques nacionales y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está reconsiderando la prohibición de armas en espacios que controla (422 lagos y ríos en 43 estados y más de 7.000 kilómetros de senderos).