Bruselas activa el proceso para retirar a Polonia el derecho a voto

Tras meses de amagos, ultimátums y desafíos, la sangre ha terminado llegando al río. La Comisión Europea ha dado este miércoles un paso sin precedentes en su historia al activar el artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia. Una especie de botón nuclear para castigar a los Estados miembros cuando se constata una "violación grave y persistente" de los valores europeos como el Estado de derecho y que podría terminar con la retirada de los derechos de voto de Varsovia en el Consejo, el mayor castigo que un país de la UE puede sufrir a manos de sus socios.

"Hay un riesgo serio de una brecha en el Estado de derecho", ha alertado el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. "Pero no había otra opción. La situación no solo no ha mejorado sino que ha empeorado". A Bruselas se le han terminado las opciones pero, sobre todo, la paciencia. Las relaciones entre Varsovia y la Comisión Europea hace meses que habían llegado a un callejón sin salida. El diálogo político entre ambas partes estaba roto desde hacía tiempo, la interlocución era nula y los intentos por convencer al Gobierno polaco de dar marcha atrás a su controvertida reforma judicial, que supedita la justicia al poder político, no han tenido éxito.

"Siempre estaremos dispuestos a relanzar el diálogo con las autoridades polacas y viajar a Varsovia. Estamos disponibles las 24 horas del día pero hasta la fecha hemos recibido las mismas señales", ha añadido Timmermans. El presidente, Jean-Claude Juncker, le ha remitido una carta al nuevo primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en la que le invita a viajar a Bruselas el próximo 9 de enero para abrir una nueva vía de diálogo.

El Ejecutivo comunitario decidió lanzar el procedimiento contra Polonia en 2016, a raíz de la controvertida reforma del Tribunal Constitucional polaco. El Gobierno liderado por el ultranacionalista partido Ley y Justicia (PIS), que llegó al poder a finales de 2015, decidió completarla con una reforma general del sistema judicial que permitirá al ministro de Justicia, por ejemplo, destituir jueces a su antojo y nombrar a todos los presidentes de los juzgados ordinarios así como destituir a miembros del consejo nacional del poder judicial.

Dicho llanamente este pasado verano por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, "los jueces servirán a placer a los líderes políticos y dependerán de ellos" en lo que es "una clara amenaza sistémica contra el Estado de derecho". Este diagnóstico no ha cambiado. "Nuestras preocupaciones aumentan. En un período de 2 años se han adoptado tres leyes que ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial. Todo el sistema judicial se ve afectado. El resultado es que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y administración de estas autoridades haciendo que la independencia judicial sea prácticamente inexistente", ha advertido este miércoles. 

Unanimidad necesaria

La aplicación del castigo, sin embargo, no será sencilla. No basta con que Bruselas haya decidido que Polonia ha incumplido con la letra del Tratado. Es necesario que los gobiernos de la UE lo secunden. Primero en una fase preventiva del procedimiento en la que cuatro quintos de los Estados miembros tendrían que constatar que existe "un riesgo claro" de vulneración de los principios de la UE. Antes de tomar esa decisión, Polonia tendrá derecho a ser escuchada y el Consejo podrá adoptar recomendaciones.

 Si el Gobierno polaco sigue haciendo oídos sordos, el Consejo Europeo podrá decidir por unanimidad la existencia de una vulneración. Una posibilidad muy remota dado que hay socios fieles como Hungría que han asegurado que bloquearán la decisión. Solo si superara este examen con diez se produciría la eventual retirada de los derechos de voto en el Consejo, que podría aprobarse por mayoría cualificada. En el caso de Hungría, su Gobierno también lleva meses en el foco de Bruselas por la deriva autoritaria de su primer ministro, Viktor Orbán, pero el húngaro, miembro del PPE, nunca ha roto los canales de comunicación con el Berlaymont, como es el caso de los polacos.

Dos formas de ver Europa

El choque de trenes entre Varsovia y Bruselas va más allá de la reforma judicial y los casos controvertidos se multiplican. A comienzos de este año, Polonia intentó sabotear la reelección del presidente de la UE, Donald Tusk. Su campaña de acoso y derribó terminó en fiasco pero los enfrentamientos no han terminado. El Tribunal de Justicia de la UE ha exigido recientemente a Polonia el pago de una abultada multa diaria por incumplir una sentencia que exige al Gobierno ultraconservador dejar de talar el bosque milenario de Bialowiezka, situado entre Polonia y Bielorrusia  y patrimonio de la humanidad desde 1979. Varsovia insiste en que es el mejor remedio contra las plagas de insectos. Bruselas, que la medida amenaza la integridad del bosque.

Un tercio de la parte polaca está protegida como parque nacional y reserva de la naturaleza, pero los restantes dos tercios están sujetos a talas. Es más, en marzo de 2016, el ministerio de Medioambiente decidió triplicar la poda de árboles para combatir una plaga que, según organizaciones medioambientales como WWF, son un "proceso natural" del que depende de la biodiversidad del bosque. A raíz de esta decisión, siete asociaciones polacas e internacionales denunciaron a Polonia ante la Comisión Europea por vulnerar las directivas sobre Hábitats y Aves.

Bruselas abrió procedimiento de infracción dos meses más tarde y en julio de 2016, ante la negativa de Varsovia a detener las talas, decidió abrir un nuevo frente judicial que, en un tiempo récord, les ha dado la razón. Si las autoridades polacas no cesan inmediatamente las podas se exponen a una multa diaria de 100.000 euros. Varsovia de momento mantiene también este pulso.