Erdogan, contra la comunidad gay

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, los describió antes de acabar el año como contrarios a los valores tradicionales de Turquía. Desde hace dos años, no pueden manifestarse en Estambul sin ser dispersados con cañones de agua por la policía. Suponen, según  el Gobierno, un peligro para la salud pública y, ahora, en consecuencia, no podrán realizar ninguna actividad pública en la capital turca, Ankara. Ser homosexual, bisexual, transexual -o cualquier otra cosa-, en Turquía, no es tarea fácil.

El acoso y derribo empezó a mediados de noviembre, cuando el Ayuntamiento de Ankara anunció que cancelaba un festival de cine alemán LGBTI alegando problemas de seguridad: el consistorio aseguró que el evento podría provocar reacciones violentas de varios segmentos de la sociedad turca. Y, por lo tanto, decidió prohibirlo.

Pero, unos días más tarde, el consistorio fue más allá: prohibió todos los actos públicos de esta comunidad. «Para garantizar la paz, la seguridad, la salud pública y la moral, el gobernador ha prohibido, por la Ley de Emergencia, todos los encuentros y manifestaciones, proyecciones de cine y teatro, entrevistas, muestras, exhibiciones, etc. de la comunidad LGBTI», anunció Ayuntamiento de Ankara, con un etcétera de esos que se antojan kilométricos y en los que cabe absolutamente todo.

No solo en Ankara: en Estambul también se prohibió recientemente una muestra de cortometrajes con temática LGBTI.

Estrechar el círculo

«El círculo contra nosotros es cada vez más y más estrecho. La verdad es que ninguno esperábamos nada como esto. Paneles, discusiones, películas… Todo prohibido. Que se pueda hablar de este tema tendría que ser algo normal en una democracia. Parece que en Turquía no lo es», dice Zeynep Serinkaya, socióloga y activista en favor de los derechos de esta comunidad.

Serinkaya explica que tras el intento fallido de golpe de Estado de julio del año 2016 el Gobierno de Erdogan ha apretado el acelerador contra toda la oposición, y los LGBTI no se salvan. «Antes ya intentaban ir en contra nuestra, pero ahora, con la Ley de Emergencia, pueden hacer lo que les de la gana sin pasar por las instituciones. Aunque no es sólo en contra nuestra. La represión de la sociedad civil es parte de la estrategia del Gobierno», considera.

Anterior a Turquía

La homosexualidad, según Erdogan, va en contra de los valores de Turquía, pero lo cierto es que esta práctica es, en el país, más antigua que el presidente. Es, de hecho, anterior al propio país: cuando Turquía fue fundada, en 1923, la homosexualidad llevaba siendo legal 70 años. Fue legalizada a mediados del siglo XIX durante el Imperio Otomano, en un momento en el que, en muchos países de Europa, aún faltaba un siglo para que fuese despenalizada.

Ahora, en cambio, el Gobierno conservador del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan lucha con todas sus fuerzas para combatirla. «Ser gay en público es muy difícil en Turquía. El Estado ha establecido una suerte de impunidad en los ataques que recibe no sólo gente de la comunidad, sino también las mujeres», dice Serinkaya.

La policía, explica la socióloga, no investiga las agresiones a homosexuales, transexuales y a muchas mujeres; y deja que los agresores salgan indemnes. «Pero no podrán con nosotros. La comunidad LGTBI en Turquía es uno de los grupos opositores a Erdogan más fuerte y mejor organizado. Los ataques y la prohibición de realizar actos no nos parará», dice Serinkaya, que considera que el veto en la capital del país es completamente ilegal.

Intento de criminalización

«No hay ninguna base legal para hacer lo que han hecho. Esta prohibición, lo que hace, es poner en riesgo la comunidad LGBTI en vez de ejercer su obligación de garantizar la seguridad pública. Lo que quieren es criminalizar nuestra existencia», aseguraron, en un comunicado, varias organizaciones de esta comunidad en Turquía. «En Turquía, donde la discriminación y el odio basados en la orientación  y la identidad sexual es rampante, es la obligación de las autoridades locales y nacionales combatir esta discriminación y odio, no fomentarlos», añadía el texto.

Por esto, estas organizaciones anunciaron que empezarán un procedimiento legal. Para combatir la prohibición. «Seguramente no servirá de nada, porque la justicia está controlada por el Gobierno", dice Serinkaya, pero siempre está bien recordarles a los del AKP que en Turquía hay una ley y una Constitución, y que tienen que ser respetadas. Es una forma de que se acuerden y, de paso, de que lo sepa el mundo».