CONFLICTO A LA VISTA
La justicia europea vuelve a poner en tela de juicio un pacto con Marruecos
El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE opina que el acuerdo pesquero del 2006 no es válido porque se aplica a aguas del Sáhara Occidental
Dos marroquís frente al mar durante una inusual tormenta en Rabat, el 8 de enero.
La diplomacia europea vuelve a mirar con inquietud hacia Luxemburgo. Una sentencia del Tribunal de Primera Instancia puso el año pasado en jaque las relaciones bilaterales con la monarquía alauita a cuenta del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos y lo mismo podría ocurrir si las últimas conclusiones del abogado general, Melchior Wathelet, sobre el acuerdo pesquero del 2006 se reflejan en unos meses en una sentencia firme. Según la opinión dictada este miércoles, el pacto pesquero no es válido porque se aplica a las aguas del Sáhara Occidental en las que se realizan el 91,5% de las capturas.
La conclusión del abogado es rotunda: “El acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales ni las normas de derecho internacional humanitario ni la obligación de la Unión de no reconocer una situación ilegal”. Aunque su opinión no es definitiva, los jueces suelen seguir en el 80% de los casos el dictamen que podría tener repercusiones sobre España, de donde proceden 90 de los 120 barcos que faenan actualmente bajo este pacto y que reporta 40 millones anuales a Rabat.
Según Wathelet, el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos -cuya ayuda es vista como clave en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal- fue celebrado basándose en la integración unilateral del Sáhara Occidental en el reino marroquí y en su afirmación de que era soberano sobre el territorio. Por este motivo, sostiene que “la explotación pesquera por parte de la Unión de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui”.
Situación ilegal
Es más, “la Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo mencionado y a su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación”. Wathelet considera que la condición de “potencia administradora de facto” o “potencia ocupadora del Sáhara Occidental” no basta para justificar la celebración del pacto pesquero.
Además, considera que la contrapartida financiera de la que se beneficia Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo saharaui pero “el acuerdo no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental”.