LIBERTAD DE PRENSA
Birmania encarcela a dos periodistas que revelaron las matanzas de rohinyá
Los reporteros de Reuters están acusados de desvelar secretos de Estado. La sentencia ignora pruebas y testimonios que favorecían a los acusados
Manifestantes marchan en solidaridad de los dos periodistas encarcelados en Birmania.
Birmania sigue deslizándose hacia la infamia. Un tribunal se ha agarrado a una apolillada ley colonial para condenar a siete años a dos periodistas que investigaban las matanzas sobre rohinyá. No ha servido la presión global que veía en el proceso un flagrante ataque a la libertad de prensa del Gobierno que oficiosamente lidera la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, ambos birmanos y empleados por la agencia internacional Reuters, han sido condenados por desvelar secretos de Estado. Los periodistas consiguieron romper el blindaje militar decretado en la provincia de Rakhine y denunciaron el asesinato de una decena de niños y hombres de la etnia rohinyá poco después de ser detenidos.
Su arresto en diciembre sugiere una emboscada: la policía convocó a los periodistas en un restaurante para darles unos documentos presuntamente sensibles. Poco después de salir del restaurante, otros agentes los detenían y en esos documentos descansan la sentencia. El tribunal sostiene que pretendían compartirlos con la insurgencia rohinyá mientras los periodistas califican la versión de ridícula, insisten en su inocencia y defienden que solo hacían su trabajo.
ESTAMENTO CONSERVADOR
La sentencia ignora pruebas y testimonios que favorecían a los acusados. Un policía, por ejemplo, reveló las órdenes de su superior para tenderles la trampa. El agente fue después condenado a un año en prisión y su familia fue expulsada de las dependencias policiales donde vivía. Tampoco los documentos resultaron ser ni secretos ni comprometedores. La defensa han denunciado los malos tratos que los periodistas sufrieron durante su detención, la reiterada negativa del tribunal a concederles la libertad bajo fianza y otras decisiones que sugieren un proceso político. La Justicia birmana es uno de los estamentos más conservadores, nacionalistas y apegados al viejo orden militar.
“Lo que ha ocurrido hoy amenaza con socavar el imperio de la ley y la libertad de prensa que necesita una democracia”, ha denunciado Kevin Kolicki, director de Reuters en Asia. La ONU y Washington han exigido repetidamente a Birmania la liberación de los dos detenidos y decenas de periodistas y activistas prodemocráticos se manifestaron en la víspera en Rangun en su defensa.
SÍMBOLOS DE DEMOCRACIA
Sostienen los expertos que Suu Kyi, como lideresa de facto del Gobierno civil, tiene capacidad para el indulto. Es improbable si atendemos al desdén con el que se ha referido a los periodistas la que años atrás era uno de los mayores símbolos globales de la democracia y los derechos humanos. Muchos birmanos ven a los periodistas como unos traidores que atentaron contra el estamento militar en connivencia con los terroristas rohinyá.
Un informe de la ONU habló la semana pasada por primera vez de genocidio para referirse a la persecución de la etnia musulmana rohinyá en la provincia birmana de Rakhine. El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la Justicia a media docena de altos cargos militares por asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También lamentaba el pasotismo de Suu Kyi.
La última ofensiva contra la etnia más castigada del mundo fue desencadenada por el ataque del Ejército de Salvación Rohinyá Arakan a una treintena de comisarías que dejó un centenar de muertos, insurgentes en su mayoría. La respuesta del Ejército dejó unos 10.000 muertos, según una estimación “conservadora” de la ONU, y empujó a la diáspora a 700.000 rohingyas.