Parlamento francés
Controversia en Francia por la ley para frenar la violencia de los 'chalecos amarillos'
El artículo 2 permite a las autoridades prohibir a ciertos individuos participar en manifestaciones
Un policía antidisturbios camina cerca del fuego de una barricada en Toulouse.
La ley que ultima el Parlamento francés para contrarrestar los disturbios registrados en las manifestaciones de los "chalecos amarillos" ha generado una gran controversia en el país, puesto que asociaciones y partidos de la oposición la consideran liberticida.
En el punto de mira del texto, que será votado este martes en primera lectura por los diputados, está sobre todo el artículo 2, que habilita a las autoridades a prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.
El Gobierno lo justifica como única medida para proteger a los participantes pacíficos de los alborotadores habituados a reventar las manifestaciones, que han provocado escenas de guerrilla urbana en las protestas de los "chalecos amarillos".
"Tenemos que disponer de los medios para garantizar las libertades individuales", aseguró el ministro francés del Interior, Christophe Castaner, quien calificó a los alborotadores de "brutos" que buscan "romper vidas y amenazar a policías".
La ley tiene el apoyo para salir adelante de los conservadores y de la mayor parte del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, la República en Marcha
CONTROVERSIA INTERNA
Sin embargo, la controversia es tal que una quincena de los más de 200 diputados de la mayoría "macronista" ya han dicho que no votarán a favor de una ley que temen que pueda ser mal utilizada.
Estos discrepantes aseguran que no dudan de que Macron lo hará con mesura, pero no quieren dejar un arma de ese tipo en manos de otro presidente, en particular, señalan, si procede de la extrema derecha.
Amnistía Internacional, la Liga de Derechos Humanos, algunos sindicatos policiales y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han mostrado su disconformidad con ese artículo 2.
Ese punto permite al delegado del Gobierno o a la policía vetar la participación en manifestaciones a personas que, a su juicio, representen "una amenaza de especial gravedad contra el orden público", a quienes impone penas seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa en caso de infracción.
En Francia recuerdan que tras las manifestaciones de mayo de 1968 se instauró una ley similar que fue abolida con la llegada de la izquierda al poder a principios de los años 80.