LUCHA CONTRA EL TERROR
Los 28 tumban la lista de países de 'alto riesgo' de financiación del terrorismo
El listado propuesto incluía a Arabia Saudí, cuatro territorios vinculados a Estados Unidos y Panamá, entre otros Bruselas expresa su 'decepción' por el veto que obligará al Ejecutivo comunitario a presentar una nueva iniciativa
Los gobiernos europeos no están de acuerdo con el proceso que ha seguido la Comisión Europea para elaborar la primera lista de países terceros con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en la que figuraban Arabia Saudí, cuatro territorios vinculados a Estados Unidos y Panamá, entre otros, y, tal como estaba previsto, han decidido tumbar la propuesta y devolverla a la mesa del Ejecutivo comunitario.
La decisión se ha adoptado por unanimidad durante el Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE. En una declaración, los 28 han alegado que no pueden apoyar la propuesta, que incluía a 23 jurisdicciones, porque no se ha elaborado en base a "un proceso transparente y sólido que incentive activamente a los países afectados a tomar medidas decisivas al tiempo que se respetan sus derechos a ser escuchados".
El resultado es que la Comisión Europea deberá ahora presentar una nueva iniciativa ya que la creación de la lista es obligatoria, según se recoge en la quinta directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aprobada por la UE. Esta normativa establece un mecanismo para identificar las jurisdicciones de terceros países que tienen "deficiencias estratégicas" en sus regímenes contra el blanqueo de capitales o la lucha contra la financiación del terrorismo y que suponen una amenaza para el sistema financiero de la Unión Europea.
Por ejemplo, en el marco de esta normativa, bancos e instituciones financieras están obligados a permanecer vigilantes y realizar controles adicionales a las transacciones de capitales que implican a países terceros considerados de "alto riesgo". Aunque Bruselas tiene la potestad para proponer y adoptar una lista, el acto delegado solo puede entrar en vigor si no hay objeciones ni por parte del Parlamento Europeo ni del Consejo en el plazo de un mes desde el envío de la propuesta.
DUDAS SOBRE LA METODOLOGÍA
Ese plazo límite terminaba el próximo 13 de marzo y los gobiernos han decidido no agotar el plazo, paralizar el procedimiento y devolverlo a la mesa del Ejecutivo comunitario. Una decisión que llega rodeada de polémica y las sospechas de Bruselas de que la negativa es un "pretexto" porque la metodología y los criterios seguidos para elaborarla se publicaron en junio del año pasado, tras un proceso de consulta y concertación con los Estados miembros.
"Hay que preguntar a los estados miembros de nuevo qué es lo que no les gusta concretamente porque consultamos con ellos la metodología y el proceso ha sido transparente", ha advertido Vera Jourová, la comisaria de justicia. Jourová ha dicho sentirse "decepcionada" con la decisión de los 28 que echa por tierra los grandes compromisos asumidos tras los escándalos destapados por los Papeles de Panamá. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, también ha lamentado la decisión y ha afeado el hecho de que no haya habido ningún debate a nivel político entre los estados miembros para evaluar la propuesta que el colegio de comisarios adoptó el pasado 13 de febrero y que el pleno del Parlamento Europeo tiene previsto debatir la próxima semana..
La lista propuesta por la Comisión Europea incluía además de a Arabia Saudí y a cuatro territorios vinculados a Estados Unidos, a Panamá, Irán, Irak, Corea del norte, Yemen, Bahamas o Túnez. En Bruselas dan por hecho que el bloqueo de la lista se debe a la presión diplomática tanto de Washington como de Riad y sitúan el punto de inflexión en la reciente cumbre entre la UE y la Liga Árabe celebrada hace unas semana en Egipto, a la que asistieron el rey de Arabia Saudí y los principales dirigentes europeos. Según fuentes comunitarias, a raíz de ese ejercicio político, el rey Salmán distribuyó una carta entre los embajadores europeos alertando de las consecuencias económicas de incluir a su país en la lista.