Disputas legales
Trump impone su ley para acelerar proyectos de infraestructura energética
El mandatario firmó un par de decretos que tienen como finalidad agilizar la aprobación de oleoductos pese a la negativa de los gobiernos locales
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una visita a oleoductos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos decretos destinados a acelerar la aprobación de oleoductos y otras infraestructuras para el petróleo y el gas, al dificultar la intervención de los estados cuando haya preocupaciones sobre el posible impacto medioambiental de esos proyectos.
Durante una visita a Houston (Texas), Trump prometió que sus medidas "acelerarán drásticamente la aprobación de los proyectos de infraestructura" energética. "En este Gobierno, hemos puesto fin a la guerra a la energía estadounidense", dijo el mandatario en referencia a sus medidas para potenciar los combustibles fósiles, que le han llevado a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y a eliminar numerosas regulaciones para la protección del medioambiente.
MODIFICAR LAS REGLAS
Los decretos que firmó buscan contentar a la industria del petróleo y el gas, que se han quejado de que las revisiones sobre el impacto medioambiental de sus proyectos y las demandas judiciales destinadas a frenarlos han ralentizado sus planes de aumentar la producción de esas fuentes de energía.
La primera de esas medidas insta a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés) a "revisar y actualizar" las directrices que el Gobierno envía a los estados para la implementación de la Ley de Aguas Limpias de 1972. Esa ley determina que quienes quieran construir un proyecto energético deben obtener una certificación del estado por el que pase antes de seguir adelante con él, y la Casa Blanca argumenta que una interpretación "anticuada" de la legislación ha llevado a territorios como Nueva York y Washington a paralizar proyectos.
Según grupos progresistas y de defensa del medioambiente, cualquier intento de la EPA de coartar el derecho de los estados a detener la construcción de esos proyectos infringiría la ley de 1972, que el Tribunal Supremo ha respaldado en dos ocasiones.
La segunda orden ejecutiva de Trump establece que a partir de ahora será el presidente de los EEUU y no el secretario de Estado, el responsable de tomar la decisión acerca de proyectos energéticos que atraviesen una frontera internacional, como es el caso del oleoducto Keystone XL, un proyecto de Canadá.
DISPUTAS LEGALES
Tras años de retrasos y demandas judiciales, Trump concedió el mes pasado un nuevo permiso para que la empresa canadiense TransCanada construya la porción de su oleoducto que va de la provincia canadiense de Alberta al estado de Nebraska (EEUU).
Pero grupos medioambientales presentaron este mes una nueva demanda judicial en la que argumentan que Trump no tiene el poder legal para otorgar ese permiso y que debería ser el Congreso quien lo haga, por lo que el segundo decreto del presidente parece ser un intento de subrayar su autoridad para imponerse en las cortes.