Empieza el juicio a France Télécom por violencia empresarial

El 9 de septiembre del 2009, el técnico Yonelle Dervin acaba de saber que le trasladan. En medio de una reunión, se levanta, pide perdón a sus colegas, saca un cuchillo y se lo clava en el estómago. Dos días después, Stéphanie, de 32 años, se suicida en su puesto de trabajo. La víspera había enviado un email a su padre: Por supuesto, mi jefe no está avisado pero seré el trabajador número 23 en suicidarme. No acepto la nueva reorganización del servicio. Prefiero morir.

La aplicación sin miramientos de las tesis neoliberales y una gestión empresarial basada en la presión generó un clima laboral tan asfixiante en France Télécom que muchos trabajadores no lo soportaron. Los suicidios, las depresiones y las bajas por enfermedad se dispararon en el proceso de transición de un monopolio público en un grupo privado, amenazado por una competencia feroz cuando el operador francés -convertido en Orange en el 2013- inició su proceso de privatización en el 2004.

Una década después de la ola de suicidios en France Télécom, el tribunal de gran instancia de París inicia este lunes un juicio histórico al sentar en el banquillo al antiguo director general de la compañía, Didier Lombart, a su exnúmero dos, Louis Pierre Wenès, y a quien fuera responsable de Recursos Humanos, Olivier Barberot, por acoso moral. Otros cuatro directivos serán juzgados por complicidad. Es la primera vez que los directivos de una empresa cotizada en bolsa rinden cuentas antes la justicia por su gestión. Los acusados se enfrentan a un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Para reducir gastos y adaptarse a un sector liberalizado, el plan de restructuración empresarial que Didier Lombart puso en marcha en el 2005 contemplaba suprimir 20.000 puestos de trabajo en tres años, el 20% de los trabajadores del grupo. Lo haré de una manera o de otra, por la ventana o por la puerta, llegó a decir Lombart. Sin embargo, no se podían realizar despidos por razones económicas porque se trataba en su mayoría de funcionarios.

Esa es una de las claves para entender por qué se aplicaron métodos expeditivos basados en la presión psicológica. Se trataba de obligar a los trabajadores a dejar la empresa fijando objetivos imposibles, retirando sillas de los despachos, degradando sus funciones o trasladándoles de ciudad cada tres años. Había que romper a la gente para que se fuera, resume Sébastien Crozier, presidente del sindicato CFE-CGC Orange.

CLIMA ANGUSTIOSO

Los acusados niegan haber impulsado una política para obligar a los trabajadores a irse y aseguran que no estaban al tanto del número de suicidios a pesar de las alertas reiteradas de los sindicatos, pero los jueces instructores del caso no opinan lo mismo después de haber examinado casi 4.000 documentos, interrogado a decenas de familiares y analizado 39 casos, 19 suicidios, 12 tentativas y 8 casos de depresión. Fue una política empresarial destinada a desestabilizar a los trabajadores y a crear un clima laboral angustioso, indican los magistrados.

Cuando en septiembre del 2009 la crisis llega a las portadas de los periódicos, la dirección de France Télécom decide suspender los traslados forzosos. El grupo había alcanzado su objetivo de supresión de puestos de trabajo y aumentado un 40% sus dividendos pero Lombard no sobrevive al escándalo y Stéphane Richard le sustituye poniendo fin a la violencia institucional pero sin cerrar las heridas provocadas por la gestión empresarial. Ahora, sindicatos y asociaciones de víctimas esperan que el proceso sea ejemplar. Es el juicio a los dirigentes que usaron la violencia social como método de gestión, subraya Sébastien Crozier.