Los empresarios se niegan a negociar las potenciales reclamaciones de EEUU

Las empresas extranjeras que operan en Cuba han quedado atrapadas en el fuego cruzado de la ofensiva lanzada por la Administración Trump para endurecer el embargo sobre la isla y asfixiar a la economía cubana. La Casa Blanca activó la semana pasada el Título III de la ley Helms-Burton, que llevaba suspendido desde 1996, una cláusula que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a las compañías que explotan o se benefician de cualquiera de las propiedades confiscadas por la Revolución desde 1959, cuando comenzó la campaña de nacionalizaciones. La activación de la ley ha dejado a las empresas españolas expuestas a una potencial lluvia de demandas, particularmente las hoteleras, las aerolíneas y los bancos, según los expertos. Los primeros litigios ya se están cocinando.

José Ramón López es uno de los particulares que pretende acudir a los tribunales de Florida para reclamar compensaciones a las compañías españolas. Descendiente de gallegos inmigrados a Cuba, su padre hizo fortuna en los  años previos a la Revolución, en los que mantuvo una estrecha relación con el dictador Fulgencio Batista. Era dueño de la mayoría de acciones del aeropuerto de La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación, de tres hoteles, fábricas, un banco o un periódico, según esgrime su hijo al otro lado del teléfono. "Llevo 60 años esperando este momento, creo que es bastante", dice López en una entrevista.

Unas horas antes de que los barbudos de Fidel entraran en La Habana, su padre (José Ramón López Vilaboy) se refugió en la embajada de Guatemala, donde consiguió un salvoconducto para salir del país y recalar finalmente en Miami, donde murió. "Yo tenía seis años. Ni a mi madre ni a mí nos dejaron salir como castigo. Nos lo quitaron todo salvo la casa y el coche. Dijeron que nuestras propiedades habían sido ganadas inapropiadamente", cuenta desde España.

DEMANDA A IBERIA Y AIR EUROPA

López acabó exiliándose en 1988 y haciéndose con la nacionalidad estadounidense, además de la española. Ahora pretende demandar a todas las aerolíneas que utilizan el aeropuerto José Martí, incluyendo a Iberia y Air Europa. También apunta a Meliá, que gestiona el Hotel Jagua de Cienfuegos, otrora propiedad de su familia. "Voy a reclamar a todas las compañías que están explotando lo que es mío para llegar a alguna compensación", dice López. "Todas saben que esas propiedades no eran de Fidel, pero se han aprovechado y se han lucrado porque lo que les interesa es ganar dinero".

Todos los presidentes desde Bill Clinton suspendieron el Título III de la ley Helms-Burton para evitar los conflictos diplomáticos con sus aliados. Pero Donald Trump ha ignorado esas consideraciones en su intento de hundir a los regímenes socialistas de América Latina y ganar votos en Florida. Su Administración ha definido a Cuba, Venezuela y Nicaragua como la "troika de la tiranía".

La ley ampara cualquier demanda contra empresas que "trafiquen" con las propiedades confiscadas en Cuba, un término que contempla desde el alquiler, a la gestión pasando por la obtención de cualquier tipo de beneficio. "Hay un nivel bastante alto de preocupación entre las compañías europeas porque la redacción de la ley da pie a interpretaciones muy amplias y todavía no se sabe cómo se va a aplicar", asegura Gustavo Membiela, abogado del despacho Hunton Andrews Kurth. Los cubano-americanos que llevan años impulsando el Título III hacen la siguiente analogía: Si compras leche de una vaca que se come la hierba en una granja que fue confiscada a mi familia, eres susceptible de ser demandado.

Esa laxitud pone, por ejemplo, a tiro a los bancos. "Las empresas españolas que están más nerviosas son Iberostar y Meliá, pero también aquellas que tienen fábricas en Cuba y las que han estado prestando servicios financieros", dice otro abogado sin autorización para hablar públicamente. España es el mayor inversor extranjero en Cuba, si se tiene en cuenta que China y Venezuela tienen acuerdos especiales. 269 de sus empresas operan en la isla, según el ICEX, generalmente en régimen de empresa mixta. Sus cadenas hoteleras, que incluyen también a Blau, NH o Globalia, gestionan cerca la mitad de la oferta del sector. Pero hay también compañías de logística, alimentación, maquinaria, construcción o bancos como el Sabadell y el BBVA.

'TRÁFICO' DE PROPIEDADES

Nick Gutiérrez es consultor legal de varios bufetes y familias que preparan reclamaciones bajo la ley Helms-Burton. "Estamos preparando demandas contra Meliá, Blau, Iberostar por el 'tráfico' de propiedades confiscadas en Holguín, Varadero, Cienfuegos y Jibacoa", dice a este diario. También contra El Salado Resort, del Grupo Globalia, que firmó el año pasado un acuerdo con Cuba para invertir en régimen de empresa mixta 1.000 millones de dólares en un complejo de apartamentos, hoteles y campos de golf en una playa al oeste de La Habana que habría pertenecido a la familia Castillo-Pokorny.

Otros de sus objetivos serán las empresas instaladas en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, el proyecto estrella del castrismo para atraer a la inversión extranjera. Esas tierras pertenecieron en su día a varias familias hoy cubano-americanas que tenían allí ingenios azucareros y plantaciones de caña, según Gutiérrez. Al menos ocho compañías españolas operan en Mariel. "Iremos contra todas las que tengan presencia en EEUU", afirma el abogado. Esa condición permitiría a las autoridades estadounidenses aplicarles embargos de bienes si son condenadas a pagar indemnizaciones y se resisten a hacerlo.

Esta misma semana la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viajó a Cuba para  tranquilizar a las compañías españolas y trasladarles el apoyo del Gobierno ante las posibles reclamaciones. De su lado tienen varios mecanismos aprobados por la Unión Europea poco después de que la ley Helms-Burton entrara en vigor en 1996 para contrarrestar las demandas extraterritoriales de EEUU. El principal es el 'estatuto de bloqueo', que prohíbe a los tribunales europeos aplicar las sentencias derivadas de la ley Helms-Burton y ofrece a los demandados vías para reclamar los daños que se deriven de ellas.

"Hay muchas preguntas sobre el desenlace de los potenciales pleitos", dice el abogado Gustavo Membiela. "Además del estatuto de bloqueo, los tribunales tendrán que determinar si los demandantes tienen jurisdicción y si la ley se puede aplicar tal como la concibió el Congreso". Hasta ahora ninguna de las tres demandas presentadas en los tribunales de Florida se ha dirigido contra empresas europeas.