El muro de Trump en la frontera vuelve a chocar con la justicia

Parte de las obras del muro en la frontera con México que prometió Donald Trump y que debían comenzar este sábado en Arizona y Texas tendrán que seguir esperando, al menos de momento. El viernes, en Oakland, un juez federal paralizó temporalmente los planes del presidente estadounidense, que el pasado 15 de febrero, después de que el Congreso se negara a darle todos los fondos que buscaba para el proyecto, declaró una emergencia nacional para sacar el dinero de otros programas.

Esa estrategia, precisamente, es la que el magistrado Haywood Gilliam cree inconstitucional y con esa convicción dictó un requerimiento temporal frenando las obras mientras sigue el proceso judicial. En su decisión, que ocupa 56 páginas, reprendió a la Administración por obviar la separación de poderes.

La posición de que cuando el Congreso rechaza una petición del Ejecutivo para apropiar fondos, el Ejecutivo puede en cualquier caso encontrar formas de gastar esos fondos sin el Congreso no cuadra con los principios fundamentales de separación de poderes que datan de los más tempranos días de la República, escribió el magistrado. La parte entrecomillada hace referencia a una entrevista que dio en Fox Mick Mulvaney, jefe de gabinete en funciones, que aseguró que el muro se iba a construir con o sin el Congreso.

EL CONGRESO, EN CONTROL DEL PRESUPUESTO

El juez Gilliam, que fue nombrado por Barack Obama, recordó también a la Administración Trump que el Congreso tiene control absoluto sobre los gastos federales, incluso cuando ese control puede frustrar deseos de la rama ejecutiva respecto a iniciativas que ve como importantes. Asimismo, subrayó que ese control no es un fallo del sistema. Es una característica del sistema, y una esencial. Y dejó en evidencia incongruencias en la estrategia de Trump, que para transferir fondos se agarró a una ley que permite recurrir a ellos para acontecimientos imprevistos, algo que lógicalmente no puede cuadrarse, según el juez, con las repetidas demandas de fondos para el muro que ha hecho Trump no ya solo desde que es presidente, sino desde la campaña.

La construcción del muro en una frontera de 3.200 kilómetros en la que desde los años 90 solo hay barreras físicas que cubren prácticamente una tercera parte fue justamente una de sus principales promesas como candidato pero ha topado con enormes dificultades, especialmente desde que los demócratas recuperaron en las legislativas de noviembre el control de la Cámara Baja. El choque por la asignación de fondos llevó a principios de este año a un cierre parcial de la Administración durante 35 días.

DERECHO DE VETO

Cuando finalmente se negoció en el Congreso, Trump solo obtuvo cerca de 1.400 millones de dólares y optó por declarar la emergencia para apropiarse otros 6.700 millones destinados a otros programas, la mayoría de Defensa pero también del Tesoro. Las Cámaras emitieron entonces legislación intentando frenarle, pero el presidente usó por primera vez en su mandato su derecho de veto.

En el caso decidido por Gilliam, originado por una demanda planteada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre del grupo de protección del medioambiente Sierra Club y de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, se ha paralizado el uso de 1.000 millones en dos proyectos que debían empezar este sábado. El juez recordó a los demandantes que pueden volver a buscar otro requerimiento si el Gobierno intenta poner en marcha otros proyectos, parte del plan de Trump para construir barreras a lo largo de casi 376 kilómetros de frontera. El magistrado, además, tiene que resolver una demanda contra la apropiación de emergencia de fondos planteada por California y otros 19 estados, una apropiación que la Cámara Baja también ha retado en los tribunales.

Este caso no trata de si el plan de construcción de la barrera de la frontera es sensato o insensato, no trata de si el plan es la respuesta política correcta o errónea para las condiciones existentes en la frontera sur, escribió el magistrado. En vez de eso, este caso presenta cuestiones estrictamente legales sobre si el plan propuesto para financiar la construcción excede la autoridad legítima de la rama ejecutiva.