Victoria parcial de Johnson ante los ‘remainers’ para forzar un ‘brexit’ duro
R. Calabuig | Edimburgo
El primer ministro británico, Boris Johnson, consiguió ayer una victoria temporal en la batalla judicial contra la demanda que persigue paralizar la suspensión del Parlamento hasta pocos días antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó ayer de forma provisional la solicitud en contra de la suspensión del Parlamento y aplazó hasta el próximo martes la vista en la que dictaminará si es legal esa decisión del Gobierno conservador.
Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez Lord Raymond Doherty descartó emitir un «interdicto provisional», es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes, con lo que estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson.
El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes del 3 de septiembre, cuando se celebrará una vista completa para escuchar los argumentos de ambos lados. Y, finalmente, esa misma jornada o bien al día siguiente se producirá el ansiado veredicto que podrá ser recurrido por las partes.
Tras la resolución conocida ayer, un portavoz gubernamental dijo que el Ejecutivo se alegraba de que, por el momento, no se alterara su calendario y afirmó que la suspensión parlamentaria «no impide» que las cámaras «analicen nuestra retirada de la UE».
Johnson insistió también ayer en que la clausura temporal tiene como objetivo «sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa» que se detallará en la ceremonia de apertura del periodo de sesiones, tras el que habrá «tiempo suficiente» a los parlamentarios para debatir las cuestiones relativas al brexit.
Según el Ejecutivo, su intención es pactar un tratado bilateral con los Veintisiete que pueda lograr el respaldo del Parlamento británico y permita una salida ordenada, por lo que ayer prometió intensificar en septiembre las negociaciones con Bruselas.
El mayor escollo sigue siendo la salvaguarda pensada para evitar una frontera visible entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ya que Johnson quiere eliminarla y la UE la considera clave para proteger los acuerdos de paz de Viernes Santo.