El Congreso de EE UU autoriza abrir un juicio político a Trump
mercedes gallego | nueva york
Ayer jueves no fue un Halloween cualquiera. El 31 de octubre pasará a la historia como el día en que la Cámara Baja de EE UU aprobó el proceso de ‘impeachment’ de Donald Trump, el cuarto presidente en la historia estadounidense en enfrentar un proceso formal para su posible destitución. Sólo que este procedimiento empezó hace cinco semanas. En realidad la votación, aprobada con el estricto apoyo del Partido Demócrata que sufrió dos deserciones, no era necesaria.
La Constitución estadounidense no especifica que la Cámara tenga que aprobar el comienzo de una investigación de ‘impeachment’, pero el presidente y sus acólitos habían utilizado su ausencia para deslegitimar el proceso. Al llevarlo al pleno la portavoz Nancy Pelosi esperaba robarles el argumento, pero sólo ha conseguido ratificarlos en que «todo el proceso es una farsa que no se puede legitimar a posteriori», dijo la campaña de Trump en un comunicado. Esta resolución establece pautas para desclasificar las transcripciones de algunas entrevistas llevadas a cabo a puerta cerrada por el Comité de Inteligencia, y permite a su vez que el Comité Judicial abra al público algunas de sus audiencias. El presidente, además, podrá tener presentes a sus abogados, pese a que esta investigación inicial no es formalmente un juicio político. Esa fase llegará en el Senado, una vez que la Cámara Baja apruebe las acusaciones que aún tiene que redactar el Comité Judicial.
Las reglas aprobadas ayer por 232 demócratas, que no lograron sumar ni un solo republicano a su causa, son semejantes a las que gobernaron el proceso de Bill Clinton y Richard Nixon, los dos únicos presidentes en la historia moderna que ha sido investigados para un ‘impeachment’. Formar parte de semejante club no es ningún honor, pero Trump tenía mucho que celebrar.
Y es que el Partido Republicano que tomó por asalto hace tres años al ganar las primarias le demostró un apoyo sin fisuras. La formación conservadora ya no es el partido de Reagan o Bush, sino de Trump, que demanda lealtad absoluta. Eso le garantiza que si la Cámara Baja aprueba el ‘impeachment’, el Senado le exonerará. Y, además, el proceso servirá para limpiar la Casa Blanca de funcionarios de carrera que ponen al país y a la Constitución por delante del presidente.
Desde que llegó al gobierno, acostumbrado a dirigir un negocio familiar, ha desconfiado de lo que llama el «Deep State», esto es, esos funcionarios sin afiliación política en los que ve enemigo ocultos porque ponen al país antes que al presidente. La voluntad de algunos para testificar ante los demócratas les delata. Dimitir para hablar A Tim Morrison, un experto en Europa y Rusia que servía en el Consejo de Seguridad Nacional, no tendrá que echarlo. Dimitió el miércoles por la noche para poder declarar al día siguiente ante el Comité de Inteligencia que investiga si el presidente utilizó su poder para chantajear a Ucrania. La víspera, el coronel Alexander Vindman, máximo experto sobre Ucrania en ese mismo consejo, contó que a la transcripción de la llamada que Trump hiciera el 25 de julio a su homólogo ucraniano le faltan palabras clave que prueban la existencia de un ‘quid pro quo’.