El Vaticano arresta a su antiguo asesor financiero por extorsión, blanqueo y estafa

La 'cárcel' vaticana ya tiene dos inquilinos. El intermediario financiero italiano Gianluigi Torzi ha pasado su primera noche encerrado en los calabozos con que cuenta el cuartel de la Gendarmería Vaticana y donde lleva recluido desde 2018 el monseñor Carlo Alberto Cappella, que trabajaba en la nunciatura apostólica en Estados Unidos y al que se le incautó pornografía infantil. Torzi fue arrestado el viernes por la noche tras ser acusado de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y estafa en el marco de una investigación interna por una inversión inmobiliaria irregular, que habría realizado en Londres con dinero de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

El Vaticano informó de la detención de Torzi en una breve nota en la que comunicó que el imputado había sido antes interrogado en presencia de sus abogados y que, de ser condenado en un juicio, le pueden caer hasta doce años de reclusión. El proceso está motivado por la compra de un edificio de 17.000 metros cuadrados en el exclusivo barrio londinense de Chelsea con fondos vaticanos, una inversión que el propio secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, consideró "opaca". Torzi habría cobrado unos 15 millones de euros por su labor como intermediario en una operación de unos 177 millones de euros. Según informa el portal 'Vatican News', él supuestamente intervino en la compraventa del inmueble para devolver su propiedad a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

El pasado otoño, la adquisición inmobiliaria en la avenida Sloane de la capital británica ya provocó un terremoto dentro del Vaticano, cuando el semanario 'L'Espresso' desveló que estaba en curso una investigación y que entre los sospechosos se encontraba el entonces director de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF), Tommaso Di Ruzza, así como el sacerdote Mauro Carlino. Éste último fue secretario personal del arzobispo Angelo Becciu, sustituto al frente de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018 y hoy cardenal, además de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Ya en febrero, Di Ruzza, Carlino y otros funcionarios implicados, entre ellos los dirigentes de la Secretaría Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y una empleada de la Administración, Caterina Sansone, fueron suspendidos de sus cargos. La filtración de estos nombres derivó dos semanas después en la dimisión del jefe de seguridad del Papa Francisco, Domenico Giani, quien estuvo dos décadas al servicio de tres pontífices.

Archivos requisados

La Fiscalía vaticana requisó también entonces documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo alto cargo, Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado. Esta última sede fue objeto igualmente de un registro el pasado 1 de octubre a cargo de investigadores de Estado de la Ciudad del Vaticano, tras recibir meses antes una serie de denuncias sobre operaciones financieras e inmobiliarias presuntamente irregulares.

Becciu, responsable de la inversión en el polémico edificio londinense, se defendió afirmando que la operación se desarrolló en interés de la Santa Sede y sin utilizar dinero del Obolo de San Pedro, el fondo que recoge las limosnas que los fieles hacen al Papa para el mantenimiento de la Iglesia católica y costear obras de caridad. Pero algunos medios italianos consideran, por contra, que la Fiscalía vaticana habría encontrado indicios de que la compra se costeó en parte con dinero de ese Obolo.