China acusa de espionaje a dos ciudadanos canadienses y les pide la cadena perpetua

Desde que fueron arrestados, Michael Kovrig y Michael Spavor han tenido que esperar nada menos que 577 días hasta que, este viernes, China los procesó oficialmente por espionaje. Año y medio en el que, como ya denunciaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional hace casi un año, no se han respetado algunos de los derechos más básicos de los acusados: desde el acceso a un abogado de su elección hasta la asistencia consular -desde el pasado mes de enero-, pasando por las visitas de sus familiares, a quienes no han visto en todo este tiempo.

Por si fuese poco, pasaron más de cinco meses desde su detención hasta su arresto formal, en mayo del año pasado, y a menudo tanto Kovrig como Spavor fueron interrogados durante ocho horas seguidas y alojados en celdas con luz ininterrumpida.

Canadá considera que su proceso es arbitrario y que tiene claros tintes políticos, ya que sus dos ciudadanos fueron detenidos nueve días después del arresto en Vancouver de Meng Wanzhou, responsable financiera e hija del fundador de Huawei, cuya extradición a Estados Unidos está pendiente.

El primer ministro, Justin Trudeau, llegó a decir que «China utiliza detenciones arbitrarias con fines políticos», y desde entonces las relaciones entre ambos países se han deteriorado como nunca antes. Pekín, sin embargo, niega que estos dos casos guarden relación alguna con el de Meng.

«Los hechos de los crímenes están claros y hay suficientes evidencias para sustentar las acusaciones», comentó ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, aunque no ofreció ningún detalle sobre las supuestas pruebas obtenidas.

Ambos hombres están acusados de «espiar secretos nacionales». Pero luego hay sutiles divergencias en los cargos que pesan sobre ellos. Mientras que a Kovrig -exdiplomático en excedencia- un tribunal de Pekín le imputa que estuviese trabajando para servicios de Inteligencia en el extranjero, a Spavor -empresario con negocios en Corea del Norte- una corte de la ciudad fronteriza de Dandong le acusa de «proveer esos secretos a entidades foráneas». En ambos casos, la pena mínima prevista es de diez años de prisión, que podría extenderse hasta la cadena perpetua. Sus posibilidades de ganar el caso son casi nulas, ya que estos procesos acaban en condena en más del 99% de las ocasiones.