Bruselas y Londres resuelven su disputa irlandesa y abren el ‘brexit’

El Comité Conjunto creado para supervisar la implementación del Acuerdo de Retirada firmado por Reino Unido y la Unión Europea en enero ha llegado a un principio de acuerdo para resolver las diferencias sobre el comercio en Irlanda del Norte, que habían crispado la relación entre ambas partes.

Los puntos del acuerdo tienen que ser traducidos en textos legales antes de su firma. El anuncio del entendimiento alcanzado tras reuniones en Bruselas del vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y el ministro británico del Gabinete, Michael Gove, incluye el compromiso del Gobierno de Boris Johnson de retirar las cláusulas que autorizaban a sus ministros a quebrar unilateralmente las disposiciones del Acuerdo de Retirada.

El pacto podría vigorizar el ambiente cansado del diálogo entre Londres y Bruselas en las últimas semanas y favorece el entendimiento también en uno de los tres asuntos, la gobernación del Tratado, que han bloqueado a los negociadores durante meses. Boris Johnson podría viajar a Bruselas este miércoles para continuar su negociación con Ursula von der Leyen.

El origen de la disputa es la estructura legal que facilita que no sean necesarios puestos aduaneros en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte cuando Reino Unido abandone el mercado común, el 31 de diciembre. Aunque existieron instalaciones y controles de seguridad hasta el acuerdo de paz de 1997, no había aduanas desde el acceso simultáneo de Irlanda y de Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1973.

El ‘brexit’ forzaba al establecimiento de controles aduaneros porque, junto a la existente entre España y Gibraltar, la que divide a Irlanda será la otra frontera terrestre entre la Unión y Reino Unido. Mercancías y servicios procedentes del norte serán sometidos a las reglas comunitarias para entrar en territorio irlandés. Londres ha prometido que no habrá controles en la otra dirección.

Theresa May encontró una solución —la permanencia de todo Reino Unido en la unión aduanera— y provocó con ella su caída, por el rechazo de su grupo parlamentario y de los unionistas norirlandeses. Su sustituto, Boris Johnson, había descrito como «estado de vasallaje» lo pactado por May. Decidió abandonar la unión aduanera europea y negoció un nuevo acuerdo por el que Irlanda del Norte permanecerá simultáneamente a las dos áreas de regulaciones.

Ese estatuto excepcional requiere que bienes que llegan de Gran Bretaña a puertos de Irlanda del Norte sean sometidos a controles, particularmente aquellos que «con riesgo» de ser vendidos en el sur de Irlanda. El régimen de subsidios a empresas tiene que seguir criterios comunes. Y las empresas norirlandesas registrarán una declaración aduanera cuando venden a Gran Bretaña, como hacen las empresas de la UE cuando exportan a terceros países.

Johnson había prometido que nunca aceptaría lo que firmó en enero. En septiembre, con las negociaciones sobre la futura relación atascadas, su Gobierno introdujo una ley que regula el mercado interno británico, para preservar precisamente su unidad tras la derogación de las directivas comunitarias. Incluía cláusulas que daban a ministros británicos poder para anular cualquier ley o sentencia judicial que obligase a cumplir esos requisitos del Acuerdo de Retirada.

La decisión provocó escándalo y polémica por la aparente frivolidad con la que Reino Unido iniciaba su andadura como un país absolutamente soberano, tras la marcha de la UE, quebrando un tratado que había firmado nueve meses antes y justificando su voluntad de apartarse de los principios de la ley internacional en base a extorsiones esperpénticas de Bruselas en el futuro.

La UE habría amenazado a Londres, según Johnson, con impedir el ingreso en Irlanda del Norte de alimentos procedentes de Gran Bretaña; la mayoría de los que se venden en sus supermercados. De existir, la amenaza era ridícula, porque Johnson había desautorizado a la UE a establecer una sede en Irlanda del Norte. Serían aduaneros británicos quienes impondrían el desabastecimiento a los norirlandeses.

El principio de acuerdo estipula los criterios aplicables a mercancías «sin riesgo» de entrar en Irlanda desde el norte, excluye a la agricultura y a la pesca del régimen común de subsidios, regula la presencia de funcionarios de la UE en la supervisión de los controles entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y afirma que también se ha resuelto el problema de las declaraciones de exportación, entre otros.