La oposición rusa declara la guerra a los servicios secretos «terroristas» de Putin
Denuncian que la corrupta política de selección de «cuadros» es la causa de la «degradación» del sistema
El disidente ruso Navlany interviene ante la Comisión Europea. OLIVIER HOSLET
La oposición rusa ha declarado la guerra a los servicios secretos, a los que acusan de terrorismo de Estado, al presentar varias demandas para investigar oficialmente el intento de asesinato del líder opositor, Alexéi Navalni.
«El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) organizó un asesinato contra un político opositor (Navalni) con el fin de matarlo. El FSB es, fue y será una organización terrorista», comentó a Efe Lev Shlosberg, diputado del partido liberal Yábloko.
Los dos vídeos publicados en las últimas semanas por Navalni han puesto en evidencia al FSB, que habría planificado una operación secreta para envenenar al enemigo número uno del Kremlin con un agente químico, Novichok, inventado por científicos soviéticos que debía haber sido destruido, según las convenciones internacionales.
PROCESO PENAL CONTRA EL FSB
Si antes la oposición no tenía dudas sobre que las autoridades estaban detrás del envenenamiento, las nuevas revelaciones le han animado a exigir al Comité de Instrucción de Rusia (CIR) la apertura de un proceso penal contra los ocho agentes implicados.
Un grupo de diputados encabezados por Shlosberg, quien ya denunció en 2014 la muerte de soldados rusos en el este de Ucrania, enviaron la correspondiente solicitud al CIR, aunque por ahora sin respuesta. «Se debe incoar un caso penal contra esos ocho, como mínimo. Las pruebas que presentó Navalni son irrefutables», explicó Shlosberg. El político considera que los rusos deben conocer no sólo a los asesinos, sino también a los que les protegen, incluido los diputados de la Duma, ninguno de los cuales ha pedido una investigación oficial, ya que, como muchos rusos, lo consideran un montaje.
Al respecto, Vladímir Putin, mantiene que no hay motivos ni pruebas suficientes para abrir un proceso penal, denuncia la falta de cooperación por parte de las autoridades de Alemania, donde fue hospitalizado el opositor, y acusa a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de estar detrás de esos vídeos. No se rinde Ksenia Fadéyeva, la diputada opositora por Tomsk que fue una de las últimas personas en ver a Navalni antes de que fuera envenenado en agosto. «Estaba segura al 95 % de que detrás del envenenamiento estaban los servicios secretos. Pero saber que a mi ciudad vinieron unos asesinos por encargo con un arma química me ha dejado en shock», explica a Efe.
Por todo ello, decidió enviar un escrito al CIR exigiendo una investigación penal. «Había que hacer algo, aunque no me hago muchas ilusiones. Alguien trajo a Tomsk un arma química y lo utilizó contra un ciudadano ruso», señala. Fadéyeva cree que el motivo del envenenamiento es el Voto Inteligente, la campaña ideada por Navalni para apartar a los diputados del partido del Kremlin de las asambleas regionales en vísperas de las elecciones legislativas de 2021.
Esta campaña ya ha dado sus frutos. De hecho, Fadéyeva, una joven sin apenas experiencia política, logró en septiembre un escaño en la asamblea municipal en Tomsk.
AGENTES SIN HONOR
Oficial del KGB hasta la caída de la Unión Soviética, al ahora opositor Guennadi Gudkov no le sorprende tanto «la incompetencia y la falta de inteligencia» como «la facilidad» con la que los agentes del FSB están dispuestos a cumplir «cualquier orden criminal» y cometen «asesinatos» sin investigación ni juicio previo.
«Son gente sin vergüenza, conciencia, honor o valor. Eso sí da miedo», afirma Gudkov, diputado federal durante más de una década.
Considera que la corrupta política de selección de «cuadros» es la causa de la «degradación» del sistema dirigido por Putin, ya que sólo se premia «la lealtad» y la capacidad de «robar». «El FSB es un instrumento del régimen de Putin», asegura el opositor, quien cree que el único objetivo de la élites en Rusia es «enriquecerse lo más rápido posible», proceso en el que participan «cientos de miles» de funcionarios, lo que es denunciado desde hace años por el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni. Gudkov cree que desde 2004 el país ha vivido una metamorfosis que ha convertido al Estado en una «junta policial».