Cuatro panameños piden simbólicamente justicia en la embajada española

Cuatro trabajadores despedidos en 1990 de su empresa entraron ayer en el jardín de la Embajada de España en Panamá y se encadenaron, para exigir al gobierno panameño que cumpla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rolando Gómez, uno de ellos, dijo que entraron de manera pacífica «para llamar la atención del mundo y convocar la solidaridad internacional del movimiento obrero» sobre su caso. Los trabajadores piden a la presidenta panameña, Mireya Moscoso, que cumpla la sentencia emitida por la CIDH en 2001. El caso se refiere al despido de 270 empleados públicos en 1990 por parte del entonces presidente Guillermo Endara, acusados de sedición, que la Corte consideró improcedente, por lo que condenó al Estado a pagarles los salarios perdidos más una indemnización. Gómez manifestó que entraron en la Embajada porque ven que en España «hay un hombre de leyes como el juez Baltasar Garzón», y es un país que respeta los derechos humanos.