Chile indemniza con dos millones de dólares a la familia de Carmelo Soria

Insunza, quen representa a la familia del diplomático español, afirmó que el acuerdo se logró en una reunión con el ministro chileno del Interior, José Miguel Insulza, a la cual asistió Carmen Soria, hija del funcionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). El acuerdo contempla la solicitud de reapertura del sumario y el pago de una indemnización similar a la fijada en 1992 por la estadounidense Comisión Bryan a la familia del ex ministro chileno de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington por agentes de la Policía secreta del régimen militar (unos dos millones de dólares). Soria fue secuestrado en su casa de Santiago por la brigada Mulchén de la Dina el 14 de julio de 1976 y dos días más tarde su cadáver torturado apareció abandonado a los pies de un cerro de Santiago, en el interior de su automóvil. Según las investigaciones realizadas cuando se restauró la democracia en Chile en 1990, Soria fue secuestrado por una patrulla de la Dina, la Policía secreta del régimen de Pinochet, cuando libraba una guerra «sucia» contra el proscrito Partido Comunista, al que fue vinculado el diplomático. El proceso lo dirigió el juez de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, quien archivó el caso sin establecer sanciones, en agosto de 1997. Ese mismo año, la familia de Soria pidió la intervención del Gobierno de Aznar, cuando el máximo tribunal chileno liberó de cargos al coronel retirado Guillermo Humberto Salinas y al ex sargento José Ríos San Martín, principales acusados del crimen. La Corte aplicó en su favor una ley de amnistía que dictó Pinochet en abril de 1978, dos años después del crimen. Provisional El acuerdo de indemnización del Estado chileno a favor de la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por agentes de inteligencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, es por ahora «de palabra» y debe ser ratificado, según declaraciones de una hija de la víctima conocidas ayer. Carmen Soria, que ha sido la portavoz de la familia en los últimos años, señaló que se retirarán las denuncias contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se logre el acuerdo definitivo. La Justicia chilena estableció en la década pasada que el crimen del español fue obra de la primera policía secreta del régimen de Pinochet (1973-90), la Dina, pero no se condenó a los responsables.