Colombia estudiará la declaración sobre el TPI
El Gobierno colombiano ha asumido el compromiso de «evaluar» la polémica declaración mediante la cual el Estado no acepta, provisionalmente, la competencia del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre los crímenes de guerra que causa el conflicto armado interno. La excepción ha dejado fuera del alcance del TPI delitos como los del desplazamiento forzado y el uso de armas no convencionales, dos de las expresiones más críticas de la confrontación colombiana. En un comunicado divulgado la víspera en Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la Administración del ahora ex presidente Andrés Pastrana echó mano de una facultad prevista en el mismo Estatuto de Roma y que era conocida por el Congreso y la Corte Constitucional del país, que «no presentaron objeción alguna». Sectores políticos y judiciales se han declarado sorprendidos por la decisión de Pastrana de utilizar esa facultad, según la cual Colombia sólo acepta la competencia del TPI sobre crímenes de guerra a partir de noviembre de 2009. La salvedad fue presentada el pasado 5 de agosto, día en el que el embajador colombiano ante Naciones Unidas, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso formalizó la ratificación del Estatuto de Roma. La diligencia diplomática tuvo lugar dos días antes de que el conservador Pastrana entregara el poder a su sucesor, el liberal disidente Alvaro Uribe, que según versiones periodísticas fue informado de la mencionada salvedad. El país ratificó el instrumento que creó el TPI tras una reforma constitucional, la aprobación parlamentaria de la ley correspondiente y la firma de la nueva norma, que fue puesta en vigencia por Pastrana el 5 de junio pasado. El ahora ex presidente afirmó entonces que «a partir de hoy las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las autodefensas ilegales (paramilitares de ultraderecha) y cualquier otro grupo o persona que persista en obrar contra los colombianos quedan notificados de esta nueva realidad internacional». Sin embargo, los sectores parlamentarios y judiciales que gestionaron y aprobaron la incorporación del TPI a la legislación nacional se han declarado sorprendidos por la no aceptación temporal de la competencia de la corte internacional. El Gobierno actuó de «espaldas al país», declaró la víspera el congresista independiente Jimmy Chamorro, responsable del estudio parlamentario favorable a la ratificación de ese instrumento.