Los Quince acuerdan dotarse de un plan de repatriación de ilegales

Sobre la base de ese texto, la Presidencia elaborará un plan que espera que sea aprobado por los ministros de la UE el próximo mes de noviembre. Entre las operaciones prácticas que debería incluir el futuro plan europeo de repatriaciones, destacan operaciones conjuntas de repatriación, tanto voluntarias como forzosas, con vuelos conjuntos y reparto de gastos en la organización y ejecución de las repatriaciones. Algunos países destacaron la necesidad de que este plan se desarrolle de forma paralela a la negociación de acuerdos de readmisión con los Estados de los que proceden los inmigrantes clandestinos. Los ministros decidieron no hablar de la integración de los inmigrantes regulares y la presidencia danesa pidió a los Estados miembros que reflexionen sobre posibles ideas al respecto. También decidieron que el debate sobre ese aspecto se celebrará más adelante, precisaron fuentes comunitarias. Opinión española El ministro del Interior, Angel Acebes, respaldó ayer en Copenhague esta idea. Acebes indicó que España apuesta por una política de inmigración europea que se asiente en dos pilares: un marco que favorezca la inmigración legal del trabajo o la educación, para estos extranjeros; y que la inmigración ilegal sea perseguida con todos los instrumentos de cooperación de los que se dote la Unión. El ministro español defendió así que los ilegales sean expulsados, pues en su opinión, «no puede ocurrir» que las consecuencias de ser legal sean las mismas que estar irregular, es decir, «quedarse en la Unión Europea». No obstante, «quien tiene el estatuto de refugiado o derecho de asilo, hay que protegerlo hasta sus últimas consecuencias», matizó. «Hay que establecer políticas conjuntas en materias concretas entre todos los países de la Unión Europea», dijo el ministro, pues cuando una persona entra en alguno de los Estados miembros, entra en la UE en su conjunto. «No puede ser que los costes de su repatriación sean sólo a costa (por ejemplo) de España y que sólo sea el interesado de donde ha salido ese inmigrante el único en hacer gestiones. Esto es un problema común de toda la Unión Europea», consideró. En este sentido, Acebes defendió el establecimiento de órdenes de devolución y la puesta en marcha de un fondo comunitario para el pago de estas expulsiones.