El Gobierno de Venezuela se enfrenta a otro intento golpista

Crecientes rumores sobre una nueva intentona anticonstitucional contra el presidente Hugo Chávez han llevado al Gobierno venezolano a pasar a la ofensiva contra supuestos civiles y oficiales golpistas y declarar zonas de seguridad los alrededores de las bases militares claves de Caracas. «Nadie puede en base a la libertad de expresión y de opinión, promover rebeliones, insurrecciones ni golpes de estado en Venezuela. La época en que aquí se llamaba impunemente a los golpes de Estado ya pasó», dijo hoy a EFE, el diputado oficialista Tarek William Saab. El dirigente del grupo radical opositor «Fuerza Solidaria», Alejandro Peña Esclusa, fue detenido el jueves, poco después de que Chávez advirtiera que el Gobierno no bajaba la guardia ante los llamamientos de algunos para incitar a la rebelión militar. Fuerzas de seguridad apresaron a Esclusa en plena vía pública acusado de «instigación a delinquir», un día después de que su grupo publicara diversos anuncios en la prensa local pidiendo a los militares que se levantarán en contra del Gobierno. La Embajada de EEUU expresó su «preocupación» por lo que calificó de llamamiento «irresponsable» y pidió a los venezolanos resolver sus diferencias políticas por medios constitucionales. El vicepresidente de «Fuerza Solidaria», Oswaldo Knoecke, dijo que los avisos publicados en prensa fueron sólo «una exhortación a los militares para que cumplieran con su deber». Desesperado Chávez se refirió a Peña como «desesperado», y advirtió que «no estamos dispuestos a permitir de nuevo lo que ocurrió en Venezuela, que nos llevó al terrible drama del 11 de abril», cuando murieron al menos 18 personas en los violentos sucesos de aquella jornada que desembocó en un golpe de Estado. Durante las últimas horas también han actuado con contundencia los Servicios de Inteligencia militar, que han citado a 10 oficiales del Ejército a declarar en consejos de investigación por presunta instigación a la rebelión militar. Fuentes de la oposición comentaron a EFE que el Gobierno trata de «purgar» las Fuerzas Armadas de elementos implicados en el pasado golpe de Estado, todavía proclives a nuevas asonadas militares. Carlos Bastida, uno de los abogados de los altos mandos exonerados en agosto por el Supremo del delito de rebelión, calificó la actuación del Gobierno de «terrorismo de Estado». «Existe un terrorismo de Estado, porque se está haciendo uso indebido del aparataje estatal. Tratan de intimidar a la mediana oficialidad, porque no pudieron con los generales y almirantes», declaró Bastida ante los intentos gubernamentales de bloqueo.