Los sioux piden cuentas a Biden

La paz por un puñado de monedas. Así se firmó el tratado que puso fin a la guerra con la gran nación sioux y permitió abrir el paso de las Montañas Rocosas a las Grandes Llanuras del Oeste, una ruta imprescindible para la colonización de la última frontera americana. «Pero tan pronto como se encontró oro en las Colinas Negras, el gobierno violó los tratados y el Congreso promulgó estatutos que arrebataron vastas áreas de tierra a nuestras reservas», recordaron esta semana a Joe Biden cuatro jefes de las siete tribus que sobreviven en las Dakotas.

La fiebre del oro pasó. La del oro negro todavía enturbia «el uso absoluto e imperturbable» que el Tratado de Fort Laramie prometía a la nación india. La construcción de oleoductos que atraviesan sus tierras ha sido un nuevo sendero de lágrimas para los indígenas en la última década, siempre al vaivén de órdenes ejecutivas que hacen y deshacen su destino. La última llegó el pasado día 20, cuando Biden inauguró su mandato con 17 órdenes ejecutivas entre las que revertía la proclamada por Donald Trump en su primer día para devolver la vida al proyecto de Keystone XL, que Barack Obama suspendió en 2016 tras las protestas en la reserva de Standing Rock, por «no servir a los intereses nacionales» de EE UU, concluyó.

Cada una de esas victorias había llegado a lomos de los Protectores del Agua, los que se irguieron en defensores de la vida que fluye a través de los ríos y manantiales, amenazados por filtraciones del petróleo más contaminante del mundo: el de las arenas bituminosas.

Desde la provincia canadiense de Alberta hasta las aguas del golfo de México, las arterias petrolíferas con miles de capilares que se abren en los acuíferos al menor accidente han obligado a los indios a ponerse en pie de guerra. Los cheyenne, los arapahoes, los crows y todas las tribus que ahora se integran con los sioux han invocado a los espíritus de Caballo Loco y Toro Sentado para rodear con alaridos al hombre blanco de Washington y exigirle que cumpla sus promesas.

Los tiempos han cambiado. Ya no rodean las diligencias con sus caballos, sino que envían a las redes vídeos por YouTube. «Thokata Hé Miyé», empieza el que le han grabado esta semana. «Mi nombre es el futuro», dice la voz al galope de un caballo que atraviesa la meseta nevada. Y el tiempo, hasta Standing Rock en 2016. «Ahí es donde todo comenzó. Miles llegaron de todas partes a proteger nuestro río. Nosotros llegamos con rezos pero ellos traían armas. La historia se repite y tendemos a olvidarla».

LA GRAN REPRESIÓN

La compañía texana Energy Transfer Partners que construía el oleoducto a través de lugares de enterramientos sagrados y bajo las aguas de los ríos Misuri y Misisipi, respondió a las sentadas con milicias privadas, balas de goma y perros de pelea, que en septiembre de ese año se llevaron entre los dientes la carne de los manifestantes. En octubre los enfrentaron con equipamiento militar. En noviembre les dispararon cañones de agua helada en medio de la nieve. Cerca de mil fueron detenidos, pero seguían llegando más. Antes de que el #MeToo o el #BlackLivesMatter triunfaran en las redes lo hizo el #NoDAPL, aunque fuera menos universal.

Las protestas de las que brotaron acciones legislativas en seis Estados recordaban a las de los derechos civiles de los años sesenta. Inspiraron a toda una generación de la que salieron políticos como Alexandria Ocasio-Cortez y Deb Haaland, la indígena de Nuevo Mexico que antes de ser congresista cocinaba tortillas con chile en los campamentos de Standing Rock. Hoy se sienta a la derecha de Biden como su ministra de Interior. Ella es la mejor garantía de que el presidente oirá los lamentos de su pueblo, aunque por ahora se ha resistido al ultimátum.

El día de la investidura los cuatro jefes sioux le dieron diez días para cerrar el Dakota Access Pipeline (DAPL), que se construyó con la aprobación de Trump y por el que sigue fluyendo el oro negro sin permiso y en contra de la opinión del juez James Boasberg, que en abril pasado dio a la empresa 30 días para cerrarlo. Las apelaciones lo han mantenido vivo, pero el caso volvió ratificado esta semana a la mesa del juez, que celebrará una vista el 10 de febrero para ver qué revisión medioambiental ofrece la empresa.

Los indígenas han celebrado que Biden revoque el permiso a la canadiense Keystone XL, pero no quieren que acabe ahí, sino que cierre el DAP, la Línea 3 de Minnesota y todas las obras energéticas que pongan en riesgo la salud de los acuíferos. Es más, Jade Begay, directora de Justicia Climática del Colectivo NDFN, pone el objetivo en el fin de todas las licitaciones públicas para la perforación de tierras y acuíferos con fines energéticos, que actualmente generan un cuarto de la producción anual de gas y petróleo, pero también 500 millones de toneladas de gases invernadero.

EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA

Biden ha proclamado ya una moratoria de 60 días y planea anunciar un plan que protegerá millones de acres hasta el 2030. «El agua es más que un recurso, es sagrada, conecta toda la naturaleza y sostiene la vida», concurrió esta semana el juez David Tatel, al citar al presidente de la reserva de Standing Rock Dave Archambault, que llevó el caso hasta el Consejo de Derechos de Humanos de la ONU.

El hombre blanco también la profanó el siglo pasado al inundar sus tierras con un dique en el lago Oahe y forzar a cientos de familias a dejar sus casas. «Se llevaron las tierras más productivas de las reservas del río Cheyenne y Standing Rock, que suplían el 90% de la madera, servían de hábitat a los animales de caza, frutos del bosque y plantas esenciales para las ceremonias y la dieta de la tribu», lamentan aún. «El embalse de Oahe destruyó más tierra india que ningún otro proyecto público en la historia de EE UU».

Un derrame petrolífero podría marcar otro hito. «Es ya hora que EE UU cumpla las promesas que hizo en los tratados y deje de traspasar ilegalmente en nuestras tierras y aguas», le reclaman a Biden en la carta. «Usted puede estar en el lado correcto de la historia: cierre el oleoducto de Dakota ya».