El juez condena a Sarkozy a tres años de cárcel por corrupción
Se convierte en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión
Nicolas Sarkozy abandona los juzgados con su esposa, Carla Bruni. CHRISTOPHE PETIT TESSON
Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme y aunque no ingresará en la cárcel su horizonte político se ensombrece.
El Tribunal Correccional de París que le juzgaba por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014 le impuso una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y el tercero en arresto domiciliario.
La corte impuso penas similares para el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, que además queda inhabilitado para ejercer su profesión durante cinco años, y para el magistrado Gilbert Azibert, ambos convictos por los mismos delitos.
Tanto Sarkozy (presidente de la República francesa entre 2007 Y 2012) como sus abogados y el resto de los acusados abandonaron la sala de forma inmediata sin hacer declaraciones, aunque posteriormente hicieron saber que los tres recurrirán las condenas.
La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, mostró su «incomprensión e indignación» con un veredicto que «no aporta ninguna prueba» y se basa solo «en indicios», al tiempo que señaló que su cliente está «tranquilo y determinado a proseguir en apelación la demostración» de su inocencia.
En declaraciones a la prensa, la letrada recordó que el recurso deja en suspenso la aplicación de la condena y se mostró convencida de que sus argumentos serán escuchados en apelación.
Antes de las palabras de la abogada, la esposa de Sarkozy, la exmodelo y cantante Carla Bruni denunció en las redes sociales el «ensañamiento sin sentido» contra su marido, a quien animó a proseguir el combate porque «la verdad saldrá a la luz».
El veredicto es un mazazo para el expresidente, alejado de la primera línea política desde 2016 pero muy respetado entre los conservadores franceses, pero que ve su influencia deteriorarse por los frentes judiciales.
Sarkozy supera a su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primero en ser condenado, en 2011, pero nunca a penas de prisión firme y que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados por su delicado estado de salud. Además, en dos semanas volverá a los tribunales para el juicio por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2012 y los jueces siguen instruyendo si la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo contó con aportaciones ilegales del régimen libio de Muamar Gadafi, quien estuvo en el poder entre 1969 y 2011.
Su nombre aparece también en otros sumarios judiciales, como la indemnización pagada al exministro y empresario Bernard Tapie, el encargo de encuestas sin concurso público desde el Elíseo o en las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.
Otra condena en cualquiera de esos casos, reactivaría los dos años exentos de cumplimiento de la sentencia pronunciada este lunes y podrían hacer efectiva la entrada en prisión del expresidente francés, de 66 años de edad.
Sarkozy escuchó impertérrito el veredicto y apenas dejó traslucir emociones al conocerlo, en una sala llena a rebosar debido a la enorme expectación y con una multitud de cámaras y fotógrafos a la puerta.
En una grabaciones aportadas como prueba reposaba lo esencial de la acusación, porque se desprendían los contactos entre Herzog y su amigo Azibert, entonces magistrado del Supremo, para obtener beneficios procesales en favor de Sarkozy en otras causas.
«Le haré ascender», decía en una de esas grabaciones el expresidente. A partir de ahí, la sentencia establece que los tres acusados, por su formación de juristas, debían saber que estaban infringiendo la ley y da por buena la tesis de la acusación, de que existía un «pacto de corrupción».
El veredicto considera que esta actuación es particularmente grave por el prestigio y las funciones de los tres acusados. En el caso de Sarkozy, apuntala la «particular gravedad» de los hechos «cometidos por un antiguo presidente que ha sido garante de la independencia de la justicia».
«Se sirvió de su estatus de expresidente y de las relaciones políticas y diplomáticas tejidas desde el cargo para beneficiar a un magistrado que sirvió a sus intereses personales», señala.