Merkel pone plazo a los diputados enriquecidos con las mascarillas
El ultimátum vencía a última hora de ayer y los 245 políticos presentaron declaración jurada
Angela Merkel, ayer en el parlamento de Berlín. PHILIP SINGER
«Miserable y perjudicial». Esos fueron los calificativos escogidos este viernes por el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para definir la actuación de los diputados conservadores que esta semana se han visto obligados a abandonar su grupo parlamentario por casos de presunta corrupción o abuso de su posición, ya fuera enriqueciéndose en la mediación de contratos para la compra de mascarillas por parte de instituciones públicas, debido a sus estrechos contactos con regímenes dictatoriales o por sus escandalosamente elevados ingresos suplementarios. Millones de personas pierden o ven reducirse sus emolumentos y se ven obligadas a una vida austera debido a la pandemia de coronavirus y «luego tienen que escuchar que precisamente sus diputados han abierto la mano» para cobrar comisiones por la compra de material médico de urgencia, dijo Steinmeier en un congreso de medios en Fráncfort.
El máximo mandatario alemán subrayó que el escándalo que se ha desatado en las filas de la Unión de cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos bávaros (CSU) va más allá de posible errores personales, ya que «está en juego la confianza en la integridad del estado y sus instituciones». Los casos conocidos hasta ahora «son veneno para la democracia», afirmó Steinmeier, quien comentó que aquellos que en política actúan en beneficio propio «no tienen nada que hacer en el Bundestag», el Parlamento federal alemán.
El jefe del estado alemán urgió a todos los partidos con representación parlamentaria a dejar claro «no solo rápida, sino de manera inequívoca» que no hay que temer que salgan a la luz nuevos casos similares en sus filas. «Eso es más urgente que nunca», señaló tajantemente. El grupo parlamentario de la Unión ordenó ya este miércoles a los ocupantes de sus 245 escaños suscribir declaraciones juradas en las que deben confirmar estar libres de toda sospecha de corrupción o enriquecimiento indebido en el ejercicio de sus cargos en relación con la pandemia de coronavirus. Su jefe parlamentario, Ralph Brinkhaus, no quiere más sorpresas desagradables en pleno año electoral, con media docena de comicios regionales que culminarán en las elecciones generales en septiembre próximo. Tras la apertura de una investigación judicial por corrupción contra el diputado de la CSU Georg Nüsslein, y la dimisión de sus cargos y salida de la CDU de Nikolas Löbel y Mark Hauptmann, el primero por embolsarse una comisión de 250.000 euros en un negocio con mascarillas y el segundo por sus oscuras relaciones con el régimen dictarorual de Azerbaiyán, Brinkmann quiere hacer limpieza en sus filas y eliminar de las mismas a cualquier elemento sospechoso.
El ultimátum
El ultimátum a los parlamentarios de la Unión finalizó a última hora de la tarde este viernes y poco después una portavoz del grupo subrayó que los 245 diputados conservadores habían presentado sus declaraciones juradas, lo que significa —dijo— que ninguno de ellos es protagonista de un escándalo similar al de sus compañeros encausados o dimitidos. Cristianodemócratas y socialcristianos bávaros en el Bundestag anunciaron además la elaboración de un plan concreto para «endurecer claramente las normas vigentes de transparencia en la ley de los parlamentarios» como una medida más para contener el escándalo. Las dos iniciativas pueden verse, sin embargo, aguadas en el momento en el que se descubra un caso de enriquecimiento desproporcionado entre sus parlamentarios, no necesariamente relacionado con el coronavirus. Medios alemanes hablan de hasta una veintena de diputados conservadores con ingresos suplementarios muy elevados, alcanzados no necesariamente de manera ilícita, pero sí de dudosa moralidad.