España abre su embajada en Libia tras siete años cerrada por la guerra

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reabrió ayer la embajada de España en Trípoli, que al igual que la mayoría de las legaciones extranjeras y oficinas internacionales se habían en 2014 a Túnez tras el estallido de la guerra civil, que ha segado la vida de más de 10.000 personas, causado miles de heridos y desplazados y sumido el país en una espiral de violencia y caos.

Un acto con el que España quiere mostrar su compromiso y su confianza en el nuevo Gobierno Nacional de Unidad (GNU), designado en febrero por el Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU ‘ad hoc’ para acabar con la división y que tiene como misión principal estabilizarlo y conducirlo a las elecciones legislativas del 24 de diciembre.

«Este era un día muy esperado. Simboliza el compromiso de España con la estabilidad, la paz y el progreso en Libia», dijo Sánchez, quien agradeció a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya «la audacia» en la decisión de retornar a Libia.

Además de las autoridades libias, en la apertura de la legación estuvieron presentes el embajador, Javier García-Larrache, artífice igualmente de la mudanza, y el resto de los diplomáticos que componen la plantilla, que durante unos meses combinarán su estancia en Trípoli yTúnez, el personal local, y parte de los empresarios que hoy acompañaron a Sánchez en su primera visita a Libia.

La embajada conservaba aún en sus servicios consulares un calendario abierto en el 13 de noviembre de 2014, cuando tuvo que cerrar sus puertas.

Sánchez aterrizó ayer en Trípoli tras una breve escala en Malta con un programa ambicioso y la decisión de trasladar promesas concretas en sus reuniones tanto con el primer ministro del GNU, Abdelhamid Dbeibah, como con el presidente del Consejo Presidencial, Mohamed al Menfi, al que visitó tras la apertura de la embajada y previo regreso a Madrid.

Así, avanzó que España pondrá a disposición de la ONU una decena de efectivos militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para participar en la misión política aprobada por el Consejo de Seguridad para supervisar el alto el fuego.

Además, prometió 50.000 euros para tareas de desminado y otros 100.000 euros para apoyar el proceso de celebración de elecciones previstas para diciembre de este año. Junto a ello, Sánchez otorgó una gran relevancia al papel que pueden jugar las empresas españolas en la reconstrucción del país, no sólo de las que tradicionalmente han estado presentes, como Repsol, sino de otras en sectores con gran potencial.