La UE aplica sanciones a Bielorrusia para forzar a irse a Lukashenko
Bruselas ultima un paquete de medidas restrictivas contra sectores económicos del país
La Unión Europea dio ayer luz verde a la cuarta ronda de sanciones contra responsables de la represión en Bielorrusia, que afectan al menos a 78 personas y ocho empresas, mientras ultima un paquete de medidas restrictivas contra sectores económicos del país ante la deriva autoritaria del régimen del presidente Alexandr Lukashenko.
Los ministros de Exteriores de la UE, reunidos en un Consejo, tomaron esta decisión por «la escalada de las graves violaciones de derechos humanos en Bielorrusia y la violenta represión de la sociedad civil, la oposición democrática y los periodistas» desde la victoria de Lukashenko en las elecciones del pasado agosto, consideradas como fraude por la Unión.
El aterrizaje «forzoso e ilegal» de un vuelo de Ryanair en Minsk para detener al periodista Roman Protasevich ha motivado en parte esta ronda de sanciones, ya que hasta siete de las personas y una de las entidades incluidas hoy en la lista negra están vinculadas a ese incidente.
Entre los sancionados se encuentran también varios empresarios prominentes «que apoyan y se benefician del régimen de Lukashenko», por lo que la UE quiere con estas medidas enviar «una señal fuerte» de que apoyar al régimen de Lukashenko tiene «un coste sustancial».
Tras la decisión de ayer, la UE ha sancionado a un total de 166 personas y quince empresas relacionadas con la crisis en Bielorrusia. Las personas afectadas por esas medidas restrictivas tienen prohibido viajar o transitar por la Unión Europea y también están sometidos a una congelación de los activos que tengan en el club comunitario.
Además, los ciudadanos y empresas de los Veintisiete no pueden ponen fondos a disposición de las personas y compañías incluidas en la lista de sancionados.
Los ministros de la Unión, que iniciaron la jornada en Luxemburgo con un desayuno de trabajo con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, han dejado claro que el objetivo es «presionar» a las autoridades bielorrusas para que inicien «un diálogo nacional genuino e inclusivo» con la sociedad y que se evite más represión.