Abren proceso penal contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas en Perú
El juez peruano Rafael Martínez resolvió, tras casi tres meses de una audiencia maratoniana, abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.
En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de setiembre, el titular del Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional desveló finalmente su fallo y acabó así con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.
Martínez decidió investigar a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.
Para que se inicie el proceso penal contra Fujimori, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar primero la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fuese detenido en el país vecino.
Así, mientras se espera que Chile se pronuncie sobre la solicitud de extradición, que la Fiscalía ya anunció que presentará, el juez ordenó la suspensión del proceso en el caso exclusivo de Fujimori y dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.
MUJERES, POBRES E INDÍGENAS
Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechuahablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que ellas fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.
Fujimori, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor necesario del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo paramilitar encubierto llamado Colina.