La medida ha suscitado las críticas de varios centros y la oposición de dos senadores democrátas por ilegal
El FBI pide a las universidades datos personales de profesores y alumnos
La caza al terrorista se ha agudizado en EE.UU. y ha llegado ya al terreno educativo al pedir a las universidades que entreguen informaci
El director del FBI, Robert Mueller, en una foto de archivo
El diario The Washington Post informaba ayer que la iniciativa de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pretende determinar si los alumnos y docentes tienen vínculos con conocidos terroristas o individuos sospechosos de pertenecer a organizaciones de ese tipo. Según la carta enviada a comienzos de mes a universidades de todo el país, la FBI solicita los «nombres, direcciones, números de teléfono, información de ciudadanía, lugares y fechas de nacimiento, y cualquier información de contacto» de profesores y estudiantes que no tengan nacionalidad estadounidense. Pero la iniciativa de la FBI va más allá, porque ese organismo se encarga de los delitos relacionados con el terrorismo y ha encontrado la resistencia en varios grupos educativos y de senadores demócratas, que dudan de su legalidad y se oponen a su ejecución. Los críticos opinan que la policía federal no puede lograr los datos personales de profesores y alumnos extranjeros sin un requerimiento judicial. La medida de la FBI es una más de las que impulsa el departamento de Justicia, que dirige John Ashcroft, con la intención de evitar un nuevo atentado en EEUU, pero que ha suscitado demandas en los tribunales y constantes críticas por parte de las asociaciones de derechos civiles. Durante todo este año, el Gobierno de George W. Bush ha aumentado su poder para detener e investigar a extranjeros y los grupos de derechos civiles afirman que ha sido a costa de violar las libertades fundamentales. En esta ocasión, la llamada Ley Patriótica o antiterrorista ha sido invocada para lograr información en el sector educativo, un terreno cuya debilidad quedó en evidencia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Varios de los secuestradores aéreos que causaron unas 3.000 muertes en los atentados de Nueva York, Washington y Pensilvania habían entrado en Estados Unidos con visados de estudiantes y tomaron clases en escuelas de aviación norteamericanas. Según The Washington Post, el departamento de Justicia afirma que la Ley Patriótica permite que los centros docentes otorguen datos de sus alumnos y profesores sin comunicárselo al interesado.