Netanyahu jura de nuevo como primer ministro israelí
Firma una cláusula, que permite discriminar por motivos religiosos
Benjamín Netanyahu juró ayer por sexta vez como primer ministro de Israel y por primera vez con formaciones de la extrema derecha supremacista judía como socios, aunque repite con los partidos ultraortodoxos, conformando el gobierno más derechista desde 1948, cuando se fundó el país.
La Knéset ratificó con 63 votos favorables, de un total de 120, la formación del 37º Ejecutivo de Israel, encabezado por Netanyahu, líder del derechista Likud, quien juró el cargo seguido de la treintena de ministros que forman su gabinete, solo cinco mujeres. «Escucho los lamentos constantes de la oposición sobre ‘el fin del estado’ o ‘el fin de la democracia’, miembros de la oposición, perder las elecciones no es el fin de la democracia, sino la esencia de la democracia», indicó Netanyahu en su intervención previa a la votación, entre los aplausos de sus socios y los abucheos de la oposición.
El primer ministro más longevo de Israel (1996-99, 2009-21) se refirió así a las críticas surgidas en las últimas semanas sobre el programa del gobierno y las intenciones de sus nuevos socios de la extrema derecha, que incluye a políticos con discursos racistas y homófobos, como Itamar Ben Gvir, que en el pasado fue condenado por incitación al racismo y apoyo a grupo terrorista.
ACUERDOS DE COALICIÓN
Los acuerdos de coalición, negociados hasta el último minuto de plazo, fueron presentados ayer ante la Knéset e incluyen polémicos puntos como la anexión de Cisjordania ocupada, una reforma judicial que socava la independencia de la justicia, restaurar la pena de muerte para condenados por terrorismo, prohibir la bandera palestina o más financiación y poder para la comunidad judía ultraortodoxa en detrimento de otros grupos religiosos. También figura en los acuerdos firmados por los seis partidos que integran la coalición la «cláusula de discriminación», que permite a cualquier negocio o profesional como médicos negarse a atender a alguien por motivos religiosos, lo que podría afectar al colectivo LGTBI.
Juristas, magistrados, diplomáticos, embajadores retirados e incluso representantes del lucrativo sector de las «start-ups» han enviado cartas abiertas en los últimos días alertando sobre el daño que las políticas de este gobierno pueden infringir sobre la salud democrática del país y a su imagen en el exterior.