Irán obliga a los familiares de los reos a pagar la ejecución si quieren recuperar su cadáver
Una bala en Irán puede costar hasta 20.000 dólares. Éste es el precio que las autoridades persas llegan a cobrar a algunas familias por recuperar el cuerpo de sus seres queridos ejecutados ante un pelotón por el delito de disidencia política.
La macabra institución del cobro de la munición empleada en las ejecuciones surgió con la revolución fundamentalista del ayatolá Jomeini, que en 1979 derribó la dictadura laica del Sha. En la década de los 80 la mayoría de las sentencias de muerte se aplicaron a traficantes de droga, y algunas a disidentes contumaces del sistema. En la actualidad el régimen jomeinista opta por el uso de la horca -habitualmente atada a una grúa- aunque sigue utilizando el pelotón de ejecución y el cobro de la bala, porque lo encuentra imaginativo.
Según informó hace días la BBC, el Gobierno iraní está haciendo estos días algunas excepciones con ocasión de las víctimas de las protestas que, desde mediados de septiembre, barren el país. A cambio de la entrega de los fallecidos en la represión policial, exige que las familias de los muertos los entierren en la intimidad y sin hacer ruido. En algunos casos mantienen, sin embargo, la costumbre de exigir dinero por el cadáver. Asaltos a las morgues El mismo reportaje de la cadena británica informaba de que el hermano de una de las víctimas de una manifestación reprimida, Mehran Samak, de 27 años, decidió asaltar la morgue donde se encontraba el cuerpo para llevárselo. Mehran había sido tiroteado por la Policía iraní cuando tocaba el claxon de su coche en la calle para celebrar la derrota de Irán en el Mundial de Qatar, como signo de protesta política.
Gestos de protesta similares —quemar velos femeninos en público o arrancar el turbante a un clérigo musulmán de un papirotazo— se reproducen a diario en las ciudades de Irán desde hace más de cien días, tras la muerte en comisaría de una joven que no llevaba ‘adecuadamente’ el pañuelo islámico.
Según las oenegés, el balance de la represión de estas manifestaciones, las más dilatadas desde la llegada al poder de los clérigos chiíes, alcanza los 500 muertos, 69 de ellos menores de edad. Hay miles de detenidos de todos los estamentos sociales y hasta el momento se han producido dos ejecuciones públicas de líderes de la protestas, que se limitan a pedir respeto por los derechos humanos.