Senadores y jueces abogan por calificar los disturbios como «actos de terrorismo»
Lula interviene en el Ejecutivo del Distrito Federal de Brasilia
Miembros de las fuerzas armadas ante el campamento de los bolsonaristas. ANDRE BORGES
Las fuerzas de seguridad brasileñas ya han arrestado al menos a 400 personas vinculadas a los asaltos perpetrados este domingo contra los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia. Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron las sedes institucionales durante cinco horas mientras exigían una intervención del Ejército para acabar con el nuevo Gobierno del izquierdista Lula da Silva hasta que la Policía y los militares consiguieron recuperar el control con el apoyo de medios antiisturbios, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
Los disturbios han abierto una profunda crisis en Brasil, cuyas primeras consecuencias no se han hecho esperar. Partidos y jueces abogan por calificar los hechos como actos de terrorismo y aplicar las máximas penas para los implicados, mientras el Ejecutivo de Lula ha decidido despojar a las autoridades de Brasilia de sus competencias en materia de seguridad ante la evidencia de que pudieron producirse cambios en el sistema de protección de las instituciones que facilitaron el asalto. En otras palabras, más allá de una revuelta popular, crece la sospecha de un complot político para derrocar al presidente Da Silva, que estrenó su cargo hace ocho días.
Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, el Gobierno del Distrito Federal (con competencias administrativas plenas) pudo modificar algunos de los protocolos establecidos con el gabinete de Lula sobre la seguridad en la Explanada de los Ministerios y la plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes asaltadas. Al parecer, las autoridades de este Estado levantaron la prohibición de que la gente pudiera entrar en la explanada, pese a que había sido acordada previamente por el Gobierno de Brasil ante el temor de que los bolsonaristas que acampan desde hace semanas pidiendo la disolución del nuevo Ejecutivo cometieran algún tipo de incidente.
«Aun así había, por parte del Gobierno del Distrito Federal, una visión de que esta situación estaría bajo control», explicó Flávio Dino. La apreciación quedó desmentida horas más tarde por los sucesos en las sedes institucionales. En declaraciones recogidas por Agencia Brasil, el ministro también precisó que el cambio de protocolo no fue notificado a su ministerio y evitó hacer acusaciones directas. En su opinión, «alguien» informó erronéamente al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de que la situacion era segura o analizó los datos de modo incorrecto.
No obstante, el ministro Alexandre de Moraes ha destituido fulminantemente a Ibaneis Rocha mientras persisten las sospechas de que en la brecha de control de la explanada pudo participar desde la distancia el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. El político fue ministro de Justicia con Jair Bolsonaro y estos días se encuentra precisamente con él en Florida.
Lula da Silva ya ha firmado el decreto por el que su gabinete intervendrá hoy mismo el área de Seguridad Pública en el Distrito Federal, «con el objetivo de contener el grave compromiso del orden público, marcado por la violencia contra los edificios públicos». La intervención se prolongará hasta el 31 de enero y la dirigirá el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, responsable de informar a partir de ahora directamente al presidente sobre el curso de las investigaciones y otras posibles operaciones policiales destinadas a evitar actos vandálicos. Cappelli presentará un informe solicitando el apoyo de fuerzas militares para «garantizar la democracia».
El Gobierno tiene además fundadas sospechas de la existencia de «terroristas» infilitrados en las revueltas cuya misión era detonar artefactos explosivos en las sedes institucionales invadidas, lo que abrirá una nueva vía de investigación. La Presidencia de la República ha anunciado también la apertura de una investigación destinada a descubrir a las personas y grupos que han orquestado estos disturbios «y otros en todo el país para posibilitar un golpe de Estado», lo que refuerza la tesis de un complot contra el Ejecutivo.
Ya se especula con que, de aprobarse este comité, aparecerá a buen seguro el nombre de Jair Bolsonaro, a quien diversos analistas creen que los disturbios de Brasilia harán ahora un flaco favor.