El Gobierno niega que sea una revuelta social: son delincuentes
El Gobierno francés se esfuerza en subrayar que los disturbios que se han sucedido las últimas seis noches tras la muerte por un tiro policial de un menor de 17 años no son una revuelta social de los barrios sensibles del país, sino un desencadenamiento de violencia de grupos de delincuentes jóvenes. «No es el fracaso del modelo francés», han subrayado este lunes fuentes del Ejecutivo, que insisten en que lo que está ocurriendo ahora en Francia es una situación que se vive o se ha vivido en otros países, como Alemania, Bélgica, Suiza o Canadá, y que hay un problema general con jóvenes que recurren a la violencia.
Las fuentes refutan algunas de las ideas que han circulado, sobre todo en el extranjero, para explicar estos altercados asegurando que «no es una revuelta de los barrios» sensibles. En primer lugar porque la inmensa mayoría de sus habitantes están muy enfadados con este desencadenamiento de violencia. Ellos son los primeros damnificados, remarcaron, por la destrucción de cientos de edificios de servicios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías, pero también por el saqueo de comercios y por el incendio de miles de sus coches.
Además, el Gobierno insiste en que en los últimos 30 años el Estado ha hecho esfuerzos para esos barrios sensibles, con sucesivos planes de renovación urbana, y en particular desde la llegada al Elíseo en 2017 del actual presidente, Emmanuel Macron, con sus políticas para favorecer la igualdad de oportunidades y la emancipación de los jóvenes. En resumen, detrás de estos disturbios, lo que hay son «actos de delincuencia» y de «pillaje», con autores muy jóvenes, como lo prueba que la edad mediana sea de 17 años y que un tercio de los más de 3.400 detenidos en los últimos días sean menores de edad.
En cuanto a las acusaciones de racismo y de actitudes discriminatorias por parte de la policía, el Ejecutivo niega que puedan generalizarse.
Además, su mensaje a ese respecto es muy claro: «Francia es un Estado de Derecho» en el que la ley se aplica por igual a todo el mundo, y eso incluye a los policías».