La guerra suma otra polémica al dar Washington bombas de racimo

El nuevo paquete de ayuda militar que prepara Estados Unidos para Ucrania ha sembrado la polémica en la comunidad internacional. Valorado en 800 millones de euros, unos 734 millones al cambio en euros, contendrá bombas de racimo, un arma prohibida en más de un centenar de países por su terrible capacidad de destrucción contra posiciones militares pero también civiles. El anuncio de la controvertida medida llega en un momento de dudas sobre la contraofensiva ucraniana por su lentitud y por la munición disponible. «No es suficiente», había advertido esta misma semana el ministro de Defensa de Kiev, Oleksii Reznikov, consciente de que la fabricación de armamento no logra satisfacer la incesante demanda cuando la guerra alcanza ya su día número 500.

La decisión del Gobierno de Joe Biden ha evidenciado las voces discordantes que existen entre los países que apoyan a Ucrania en el conflicto y que ya se han escuchado en anteriores ocasiones, como en el debate —hoy prácticamente olvidado— abierto meses atrás en torno al envío de cazas F-16 a las fuerzas de Kiev.

Las bombas de racimo, sin embargo, suponen un asunto mucho más espinoso, tanto que su utilización se considera un crimen de guerra y, por ello, uno de los argumentos para llevar a Rusia ante la Corte Penal Internacional. No es un armamento cualquiera: ni por la superficie que alcanza, ni por el diminuto tamaño de sus submuniciones capaces de colarse por la rendija más mínima, ni por el poder de explosión mucho tiempo después de su lanzamiento, lo que multiplica los riesgos para la población civil. De hecho, la Convención sobre las Municiones de Racimo sellada en 2008, y recogida por Naciones Unidas, prohíbe el uso, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento y transferencia de este arma que Washington no ha informado en qué cantidad suministrará a Kiev.

EE UU es uno de los países que optaron por quedarse fuera de este tratado internacional, igual que Ucrania y Rusia. Más de cien naciones, entre ellas España, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia o Sudáfrica, en cambio, decidieron poner coto a estas bombas que pueden ser lanzadas por la artillería o por aviación. Alemania también ratificó el documento y ayer fue el primer Estado europeo en mostrar su rechazo al movimiento del Ejecutivo norteamericano.

«He seguido los informes de los medios. Para nosotros se aplica el acuerdo de Oslo», zanjó la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock. La organización Human Rights Watch (HRW) se ha mostrado asimismo en contra.

La Otan, en la que Ucrania reclama un asiento desde hace meses, se encargó ayer de recordar que la munición de racimo se usa ya por parte de ambos bandos en Ucrania. La diferencia es que Moscú la emplea para perpetrar «una guerra de agresión y una invasión» y Kiev lo hace «para defenderse», argumentó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que curiosamente fue quien promovió la convención de 2008 cuando ejercía como primer ministro de Noruega. Ahora ha dejado en manos de los aliados la decisión de suministrar las polémicas bombas ya que en la organización militar no existe una posición común al respecto. Algunos socios han firmado el tratado y otros, como Estados Unidos, siguen al margen.

El envío de bombas de racimo —el ejército norteamericano estaría hoy inmerso en una cuidada selección de su arsenal para evitar aquellas unidades con mayor margen de fallo— será la primera novedad en el armamento que recibe Ucrania desde que Reino Unido dio luz verde a la entrega de misiles Storm Shadow.

El Gobierno de Zelenski no se pronunció ayer sobre la decisión de Estados Unidos aunque el responsable de Exteriores había puesto recientemente el foco en la capacidad armamentística de las tropas del Kremlin, que «usan tres o cuatro veces más proyectiles de artillería de diferentes calibres que nosotros».