La Policía francesa podrá activar la cámara de los móviles y el micrófono para espiar a su propietario
La Policía francesa podrá activar remotamente la geolocalización, los micrófonos y las cámaras de los teléfonos móviles u otros aparatos conectados (ordenadores, tabletas o relojes inteligentes) para hacer seguimientos o realizar escuchas o filmaciones de sospechosos en el marco de determinadas investigaciones. La Asamblea Nacional y el Senado aprobaron ayer en primera lectura el controvertido artículo 3 del proyecto de ley de Orientación y Programación del Ministerio de la Justicia (2023-2027) que autoriza estas actividades. La normativa aún es examinada en su conjunto por los parlamentarios y todavía no ha sido adoptado definitivamente.
Sólo podrá recurrirse a esta prerrogativa en investigaciones de casos de terrorismo, crimen organizado y delitos penados con más de cinco años de prisión, y siempre y cuando las necesidades de la instrucción lo exijan. Ciertas profesiones —parlamentarios, magistrados, abogados, médicos y periodistas— continuarán estando protegidas. Además, para poder activar remotamente un aparato electrónico de un sospechoso, un juez deberán dar previamente una autorización, siempre limitada en el tiempo.
El Senado francés quería que esta medida se aplicara a delitos susceptibles de ser penados con más de diez años de prisión, pero la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento, volvió a fijarlo en cinco, tal y como previa inicialmente el proyecto de ley redactado por el Gobierno. Durante el debate parlamentario, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, aseguró que se trata de una simple adaptación tecnológica. Los investigadores de la Policía ya colocan micrófonos o cámaras en las casas de los sospechosos o geolocalizadores en sus vehículos. Tener la posibilidad de activar a distancia los aparatos electrónicos de los sospechosos es más sencillo y eficaz y menos peligroso para los agentes, argumenta el ministro.
Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, votó a favor del articulo 3 al considerar necesario poner a la Policía «al mismo nivel tecnológico» que los criminales. «El domicilio de un criminal no es inviolable», dijo durante el debate parlamentario el diputado ultraderechista Philippe Schreck, que acusó a sus colegas de izquierdas de querer «poner palos en las ruedas de los investigadores» en vez de ayudarles a luchar contra grandes delincuentes.
Varias organizaciones no gubernamentales arremetieron contra la normativa al considerar que atenta contra derechos y libertades fundamentales. La asociación La Quadrature du Net la consideró «un ataque a la intimidad y una escalada en materia de seguridad». «Constituye una violación particularmente grave al respeto de la vida privada que no puede justificarse por la protección del orden público», denunció en mayo el Colegio de Abogados de París en un comunicado. Diputados de izquierdas consideran asimismo que se trata de una peligrosa medida liberticida. «Las garantías que encuadran estas prácticas no son satisfactorias», opinó la diputada socialista Cécile Untermaier. Antoine Léaument, parlamentario del partido izquierdista la Francia Insumisa, denunció en Twitter «la deriva totalitaria» del presidente, Emmanuel Macron. «Bienvenidos a 1984», dijo en referencia a la famosa novela de Orwell.