La reforma constitucional de Chile se inclina por la prohibición del aborto

Chile se enfrenta a su segundo proceso constitucional. Después del fracaso de septiembre de 2022, cuando un 62% de la ciudadanía rechazó una propuesta de la nueva Carta Magna, en diciembre se decidirá si el proyecto que se está modelando ahora es aceptado en el plebiscito con los ojos puestos en un debate: la prohibición del aborto. La derecha ha declarado lo que, al parecer, sería su postura en contra de la interrupción del embarazo. Para los republicanos chilenos, la protección de la vida «es un tema relevante», ha asegurado la presidenta del órgano constituyente, Beatriz Hevia, en una entrevista al diario La Tercera.

La actual normativa que rige al Estado sudamericano es la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El texto redactado en 1980 había penalizado el aborto en todas sus causales. Pero en 2017 se aprobaron tres casos que autorizan su práctica. Mediando la voluntad de la madre, a manos de un médico cirujano, el embarazo puede terminarse antes sólo si: coloca en riesgo la vida de la mujer, el feto padece una patología congénita adquirida o genética o sea resultado de una violación antes de las doce semanas de gestación. Antes de la aprobación parcial de esta medida hace seis años, se estima que se realizaban unos 70.000 procedimientos de manera clandestina y en condiciones de extrema inseguridad.

La ultraderecha, con 22 de los 50 consejeros, es la primera fuerza política en el Consejo Constitucional. Con el poder de veto a cualquier propuesta no afín a sus ideales, es posible que el contenido conservador reine en la redacción de la nueva Ley Fundamental. Alrededor del 60% de los nuevos constituyentes se inclinan por que la Carta Magna no introduzca algún avance en la legalización de la interrupción del embarazo. En su lugar, apuestan por sistemas sanitarios o de pensiones que favorezcan la presencia de entidades privadas.