La justicia bloquea el ‘modelo Albania’ impulsado por Meloni
Los tribunales de Roma obligan a llevar a Italia a los migrantes internados en el país balcánico
El diputado italiano Riccardo Magi fue el primero en viajar a Albania para supervisar los polémicos centros a los que el Gobierno de Giorgia Meloni.
En la misma semana de su debut, salta por los aires el ‘modelo Albania’, con el que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pretendía frenar la inmigración irregular al internar en los dos centros que ha construido en el país balcánico a los desplazados que cruzan el Mediterráneo central.
En una decisión que amenaza con provocar un choque entre el poder judicial y el ejecutivo, los magistrados de la sección encargada de las cuestiones migratorias del Tribunal de Roma anunciaron este viernes que tienen que ser llevados a Italia los doce migrantes que están recluidos desde el miércoles en los campamentos de Albania. Provenientes de Bangladés y Egipto, eran los primeros inquilinos de estos polémicos centros que han costado 800 millones de euros y cuyo discutible utilidad inicial resulta ahora toda una incógnita. El viaje en una nave militar italiana hasta el puerto albanés de Shengjin desde Lampedusa, donde los migrantes fueron socorridos el pasado domingo, había costado además entre 250.000 y 290.000 euros.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, miembro de la Liga, el partido de ultraderecha liderado por Matteo Salvini, ya había adelantado que el Gobierno plantearía batalla en caso de que se produjera una «resistencia ideológica de los jueces» respecto al ‘modelo Albania’, admitiendo que existía la posibilidad de plantear un recurso incluso en la Corte de la Casación, el Tribunal Supremo de Italia. Pese a las amenazas preventivas de Piantedosi y de otros miembros del Gobierno, era esperable que los magistrados acabaran echando por tierra este proyecto, como finalmente han hecho. Lo hacen siguiendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre, promulgada antes de que abrieran los centros italianos en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader, y en la que no se acepta la lista de países de origen ‘seguros’ con la que Meloni pretendía dotar de un sostén legal a este controvertida iniciativa.
La clave de la decisión
Tras tomar declaración a los doce migrantes por videoconferencia, los jueces han confirmado que no existen garantías de que estas personas no vayan a sufrir persecución, tortura o discriminación una vez que sean repatriadas a Egipto y Bangladés, como pretende el Ejecutivo una vez que ha sido rechazada su solicitud inicial de asilo.
Acogen así los magistrados de Roma la decisión del Tribunal de Luxemburgo que ponía en entredicho la consideración de países ‘seguros’ por parte de las autoridades italianas, una lista en la que el pasado mes de mayo fueron añadidos Egipto, Bangladés, Sri Lanka y Camerún para ampliar el número de países cuyos nacionales fueran susceptibles de acabar en los centros de Albania. Entre ellas también está Túnez, otro Estado donde se han documentado numerosas violaciones de los derechos fundamentales.
La decisión del Tribunal de Roma provocó «estupor que supera cualquier comentario» en el presidente del Senado, Ignazio La Russa, miembros de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, que consideró en una nota que «algunos magistrados politizados» pretenden «abolir las fronteras de Italia». La primera ministra arremetió además contra los partidos de la oposición de izquierdas por solicitar a la Comisión Europea la apertura de un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Roma debido al ‘modelo Albania’.
Trató de calmar los ánimos el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, quien aclaró que los jueces no habían hecho más que «aplicar las normas de nuestro ordenamiento y del ordenamiento europeo del que somos parte integrante». Éste, como el internacional, no considera países seguros ni a Bangladés ni a Egipto.