Meloni dará la batalla a los jueces para salvar los centros de deportación

El Gobierno italiano no tira la toalla y va a tratar de salvar el ‘modelo Albania’, la medida estrella de Giorgia Meloni para intentar frenar la inmigración ilegal. Un día después de que el Tribunal de Roma ordenara que fueran trasladados a la península los doce primeros migrantes que habían sido recluidos en los centros de internamiento construidos en el país balcánico, el Ejecutivo estudia cómo conseguir que siga adelante este controvertido proyecto que ha costado más de 800 millones de euros. En el pulso que se ha abierto entre el poder judicial y el poder ejecutivo por esta cuestión, podría resultar determinante el Consejo de Ministros que Meloni ha convocado para hoy.

En esa reunión se espera que apruebe un decreto ley u otra normativa similar para reforzar la autoridad del Gobierno a la hora de determinar cuáles son las naciones seguras a las que es posible hacer repatriaciones de inmigrantes irregulares. Ese fue el argumento utilizado por los magistrados de la sección encargada de las cuestiones migratorias del Tribunal de Roma que tumbaron este viernes el ‘modelo Albania’. Bangladesh y Egipto, las naciones de origen de los doce migrantes, no pueden ser consideradas seguras, por lo que estas personas corrían peligro en caso de ser deportadas. Los jueces seguían así la línea marcada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado día 4.

«Lo que dicen es que no hay países seguros. El problema no está en Albania, sino en que nadie podrá ser ya repatriado. El problema es que no puedes echar a la gente ni puedes hacer ninguna política de defensa de tus fronteras», se quejó Meloni, que aseguró sufrir «la oposición de una parte de las instituciones». Para el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el problema estriba en que la magistratura ha «superado sus propios poderes atribuyéndose prerrogativas que no pueden ser la de definir cuáles son los Estados seguros».

Para tratar de salvar su polémico proyecto y superar así la barrera que le ha impuesto el poder judicial, el Ejecutivo planea blindar jurídicamente la lista de veintidós países considerados seguros a donde se pueden deportar a los desplazados. Esta clasificación la elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores gracias a la información que recoge en sus sedes diplomáticas y por medio de los servicios de inteligencia. La relación, no obstante, cuenta con un matiz importante al que pueden seguir agarrándose los jueces para frenar las deportaciones, ya que la declaración de ‘nación segura’ tiene en cuenta la posibilidad de sufrir violaciones de los derechos fundamentales tanto para la población general como para los miembros de determinadas categorías sociales, como los homosexuales o los opositores políticos.