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El canadiense Philippe Kirsch presidirá la Corte

El TPI se pone en marcha sin el apoyo de Estados Unidos

La reina Beatriz de Holanda y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apadrinaron ayer, ante 900 invitados, la puesta de largo del Tribunal Penal Internacional (TPI) en el transcurso de una c

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Domingo Sampedro Corresponsal de BRUSELAS.
León

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Tras prestar juramento, los 18 jueces eligieron por unanimidad al presidente del Tribunal, el canadiense Philippe Kirsch, especialista en derecho internacional y autor de varios libros sobre los Tribunales y las Cortes penales internacionales. Además de su presidente, los jueces eligieron a dos vicepresidentas, Akua Kuenyenia (Ghana) y Elizabeth Odio Benito (Costa Rica). Sin embargo, la próxima fase, consistente en la elección del fiscal, será más difícil. Un cargo clave de esta institución, ya que se considera que será el fiscal quién por sus declaraciones y por la pertinencia de sus decisiones contribuirá ampliamente a dar credibilidad al Tribunal. La elección se llevará a cabo en abril. En un principio, se tendría que alcanzar el «consenso» entre los Estados que ratificaron el Tratado. Asimismo, con respecto a la elección del fiscal, Kofi Annan, instó a los Estados a «olvidar los intereses nacionales y a tener sólo en cuenta las cualidades personales de los candidatos». Nos hace falta encontrar, para ocupar ese puesto, a una «persona del más alto calibre», declaró. En su discurso de clausura, Kofi Annan hizo hincapié en el carácter disuasorio que tendrá que adoptar el Tribunal, e insistió particularmente en la importancia crucial, en este aspecto, de la responsabilidad individual de los criminales de guerra. «Hay que desanimar a aquellos que sientan la tentación de cometer crímenes horribles o que se vean empujados por otros a cometerlos, y hacerles comprender que un día tendrían que rendir cuentas», declaró Annan. El nuevo Tribunal, al que se han suscrito por ahora 89 Estados, surgió a raíz de la firma del Tratado de Roma en 1998, en un contexto marcado por la actitud hostil de EE.UU., que emprendió una serie de acuerdos bilaterales para evitar que sus ciudadanos tuvieran que someterse a la jurisdicción del TPI.

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