Aznar asegura que España no tiene «compromisos militares» en la guerra

Por su parte, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja, al igual que hace días Rodrigo Rato, hicieron una defensa cerrada de la posición de Aznar. Por lo que, pese a los rumores de disensiones, el PP volvió a respaldar a su líder. Aunque, también ayer, un concejal del PP en Los Guájares (Granada), dimitió al estar en desacuerdo con la posición de Aznar. El presidente del Gobierno declaró poco después en un foro económico que «hoy -por ayer- es el último día que el dictador Sadam Husein tiene para cumplir voluntariamente lo que de otra manera se hará cumplir», lo que abre la puerta a la guerra a partir de hoy. En este sentido, José María Aznar informará hoy martes al Parlamento de que el Gobierno respalda políticamente la iniciativa de Estados Unidos pero no prometió tropas a los norteamericanos para una ofensiva militar contra Irak. La comparecencia del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso tendrá lugar, por la tarde, cuando haya concluido el ultimátum que Estados Unidos, Reino Unido y España dieron el domingo en Azores para que Sadam se exilie y la ONU tome una decisión sobre la solución a la crisis internacional. Aznar tiene previsto explicar a la Cámara las razones que le llevaron a establecer un plazo de 24 horas para dar por zanjado el conflicto o bien a través de un acuerdo del Consejo de Seguridad o mediante el uso de la fuerza que, a su juicio, autoriza la resolución 1.441 de la ONU. El papel del Parlamento La oposición está empeñada en que el Parlamento no sea un convidado de piedra en el conflicto con Irak y pretende forzar al Gobierno a que antes de tomar cualquier decisión sobre una eventual participación militar debata el asunto en el Congreso. Todos los grupos, salvo el PP, presentaron una proposición no de ley para que el Ejecutivo demuestre que no cuenta con la opinión de los diputados al sumarse a una guerra que consideran «ilegal». Ante la certeza de que el Gobierno no va a pedir autorización al Congreso para sumarse a la coalición militar internacional contra Irak, toda la oposición intenta que el Ejecutivo diga de forma expresa que no quiere escuchar el parecer del poder legislativo sobre la entrada de España en un conflicto bélico. Éste es el sentido de la proposición que firmaron PSOE, CiU, IU, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto en la que se insta al Gobierno a que «previamente a la adopción de cualquier compromiso relativo a la participación de España en operaciones militares que se lleven a cabo contra Irak» se celebre un debate. La propuesta, que se incluirá en el pleno del próximo 25 de marzo, solicita que el Ejecutivo envíe a la Cámara una comunicación con «las razones y objetivos» de la misión bélica, «el grado de participación» de las Fuerzas Armadas y los «créditos presupuestarios necesarios para su financiación». El Congreso, añade la iniciativa, deberá debatir el asunto y someterlo a votación. La proposición está abocada al fracaso ante la mayoría absoluta de los 183 escaños del PP, pero pondrá de manifiesto, de nuevo, la orfandad del partido gubernamental en todas sus decisiones sobre el conflicto iraquí. Exigencia constitucional El permiso parlamentario, además, es una exigencia para una declaración de guerra, según prevé el artículo 63.3 de la Constitución, una contingencia que no se da en esta oportunidad porque no habrá tal anuncio de hostilidades ya que el Gobierno considera que se trata de una continuación del conflicto abierto en 1991. La iniciativa opositora es asimismo una respuesta a la negativa del PP a que la comparecencia de José María Aznar en la Cámara Baja de hoy contenga resoluciones y votaciones y no se limite a una sesión informativa. El Gobierno «no ha querido que el Congreso pudiera expresar su posición» sobre la guerra contra Irak, se lamentó el portavoz socialista, Jesús Caldera. Los ánimos estaban encendidos en la víspera del pleno. El secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, amenaza desde hace una semana con «graves consecuencias» si Aznar implica a España en la guerra sin la ONU. Aunque la incógnita permanece, el líder del PSOE aclaró que, a diferencia de IU, su partido no se plantea exigir al Gobierno responsabilidades penales.